La opacidad ha sido la regla de oro en el manejo de las asignaciones que reciben las fracciones parlamentarias para la administración de sus bancadas. De hecho, cuando en el pasado algún legislador ha sugerido abrir esa información y dar cuenta de en qué se utilizan dichos recursos, los partidos responden en forma corporativa, es decir, cubriéndose unos a otros para que no prospere la iniciativa.

Y es que los bonos y subvenciones que los Comités de Administración de cada Cámara aprueban son entregados a los coordinadores de los grupos parlamentarios para que éstos los distribuyan discrecionalmente, sin que estén obligados a explicar el destino que le dieron a dichos recursos. Es obvio que con esto mantienen un amplio margen de discrecionalidad y, desde luego, de control sobre sus respectivos legisladores. Sin embargo, se trata de dinero público que proviene de los contribuyentes y cada vez hay una mayor exigencia de transparencia para los parlamentarios.

Este contexto de secrecía, explica el escándalo mediático que durante la semana pasada protagonizó Ricardo Monreal, diputado de Movimiento Ciudadano, al anunciar que regresaba un cheque por 15 millones de pesos, que había recibido su grupo parlamentario como subvención extraordinaria y a manera de pago por la aprobación de la reforma energética. Unos días después volvió a denunciar que para 2015, en el Anteproyecto de Presupuesto, estaba previsto otorgar un bono por 1 millón de pesos para cada diputado. Ambas noticias fueron negadas por la administración de la Cámara de Diputados, al afirmar que las subvenciones tienen reglas claras de operación, que se entregan anualmente a cada uno de los grupos parlamentarios para cubrir gastos de sus oficinas y que son auditadas por el órgano interno de control. De hecho, los 15 millones eran la suma de lo entregado al Movimiento Ciudadano entre julio de 2013 y 2014, aunque el rechazo de Monreal se hiciera ahora en una sola exhibición para hacer más llamativo su “acto de conciencia”.

Más allá de las intenciones políticas, detrás del escándalo está la razón de fondo que es la falta total de transparencia en la administración de los dineros de los grupos parlamentarios. Si estuviera claro cómo se distribuyen y si fuera obligatorio reportar y documentar en qué se gastan bonos y subvenciones, no habría posibilidad de filtrar información y, con ello abonar al enorme desprestigio de los legisladores.

Desde 2002, la Ley Federal de Transparencia obliga al Congreso, al igual que a todos los entes públicos, a transparentar sus acciones, decisiones y sus gastos, sin embargo, las propias Cámaras se vigilaban a sí mismas, porque el IFAI sólo era competente frente al gobierno federal. Hoy, que la autonomía constitucional coloca al IFAI a la cabeza del sistema nacional de transparencia, el Poder Legislativo no podrá quedar al margen del principio básico de transparencia que hoy está en el artículo 12 de la ley y que establece: “los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes se entreguen por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos”.

Es clara la disposición: ninguna persona que reciba dinero público puede quedar al margen del escrutinio de la población que tiene derecho a conocer en qué se utilizaron los recursos del erario. Tratándose, ni más ni menos, que de representantes populares, la obligación y la responsabilidad debería ser doblemente ejemplar, pero no se vislumbra la voluntad política para hacerlo de manera proactiva, es decir, para difundir los datos sin que medie la intervención de una queja frente al IFAI. Tal parece que habrá que esperar a que el órgano garante empiece a extender sus facultades de vigilante sobre el Poder Legislativo.

Fuente: El Universal