La crisis generada por el COVID-19 tiene más vertientes que sólo la sanitaria y ha desencadenado reacciones dispares de los tres niveles de gobierno en México.

En materia de transparencia y acceso a la información, el escenario ha sido poco alentador. A las fallas que se observaban en el cumplimiento de obligaciones de transparencia, por parte de sujetos obligados de diferentes ámbitos, se añadió la pandemia como pretexto para el incumplimiento. Los sujetos obligados debieran asimilar —con apuro, sin duda— que incumplir las obligaciones de transparencia durante la pandemia es estar en falta, igual que hacerlo en período normal. En ese mismo sentido, también ha sido difícil que se entienda el sencillo argumento de que la información que se espera de ellos sobre la gestión de la pandemia, las acciones desarrolladas y los presupuestos invertidos, no sólo son datos a los  que tienen derecho todas las personas, sino que no son categorías diferentes a las obligaciones que determina el Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

En ese sentido, la pandemia y la circunstancia de emergencia, con la coordinación débil que se ha evidenciado entre los tres órdenes de gobierno, ha servido como pretexto y justificación para reproducir prácticas opacas, tomar decisiones con amplios márgenes de discrecionalidad —y no siempre con sustento empírico— y, en suma, favorecer el uso poco transparente de los recursos públicos. Estas perspectivas generales se observan en mayor o menor medida en los tres niveles de gobierno, habiendo excepciones virtuosas, pero también identificándose casos en los cuales la falta de transparencia y vías de rendición de cuentas se combinan con el desparpajo de saber que se está pasando por encima de la Constitución y las leyes.

El problema del que se alerta no es menor. La respuesta gubernamental a una emergencia —de cualquier tipo, en este caso, sanitaria—, que se entiende debe ser inmediata y con sentido de crisis permanente, no tiene por qué ser opaca e ignorar las reglas del juego constitucional del país. Para decirlo rápido: algunos gobiernos han intentado reproducir el falso dilema de la inmediatez de las respuestas de política pública versus la transparencia y la rendición de cuentas. En ese modelo que, como se ha dicho, es la expresión de una “tensión” falsa, se ha pretendido que, al estar los ciudadanos preocupados por la salud y, en última instancia, la supervivencia, y el gobierno ocupado en atender la crisis y gestionar recursos y decisiones, entonces nadie tiene tiempo para la transparencia, ni para rendir o exigir cuentas. De ahí que la pandemia se haya convertido en la excusa perfecta para cobijar prácticas administrativas que deberían haberse desterrado hace mucho.

Esa suerte de relajamiento de las reglas constitucionales ha proliferado en un contexto complejo, con circunstancias como, por ejemplo, la suspensión de los plazos de los órganos garantes de transparencia o las dificultades institucionales para que la realización de auditorías en tiempo real suceda en todos los estados del país (sólo Sonora y Jalisco las han instrumentado, para dar seguimiento a las acciones de atención al COVID-19). Sin embargo, se han puesto en marcha esfuerzos para intentar revertir la opacidad sobre las acciones de atención a la emergencia sanitaria. El mecanismo de seguimiento conocido como #SusanaVigilancia, instrumentado por Transparencia Mexicana y Tojil ha ofrecido una radiografía nítida del problema del que se alerta (https://www.tm.org.mx/susanavigilancia-balance100dias-covid19/). En ese esfuerzo, se han sumado a colaborar varias organizaciones de la sociedad civil de las entidades federativas, además de que, para el 7 de abril de 2020, se habían sumado 18 comités de participación ciudadana de los sistemas estatales anticorrupción, aparte del comité nacional.

Otro esfuerzo relevante ha sido la evaluación hecha por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), que evaluó las capitales estatales (gobiernos municipales) y congresos estatales, en relación con la información disponible (www.cimtra.org.mx). Ambas iniciativas han dejado en claro la dimensión del problema que se enfrenta: las respuestas gubernamentales son dispares en todo el país, no existen criterios o elementos homogéneos para la presentación de información, en suma, no es mucho lo que se sabe de cómo se están tomando las decisiones públicas para la atención de la crisis, ni cómo se están gestionando los recursos públicos, ni cómo se están desarrollando políticas públicas emergentes para mitigar los efectos de las vertientes no sanitarias de la crisis (económica y social, por ejemplo).

El panorama se agrava cuando se repara en que la pandemia no sólo ha sido útil como pretexto para volver —o mantener, pues hay casos en que nunca han cesado— a las prácticas de ejercicio del gobierno como espacio opaco, sino además ha ofrecido oportunidades para ignorar a las instituciones que han sido conquistas políticas de la sociedad, como los garantes de transparencia o los sistemas estatales anticorrupción, en particular sus comités de participación ciudadana. Si la labor de estos comités es la de vínculo entre la ciudadanía y las instituciones públicas, además de la pedagogía pública, es decir, la traducción de información en dos vías: de ciudadanos a gobierno y viceversa, en el escenario problemático al que se hace referencia, algunos comités de participación ciudadana que han tenido la voluntad de continuar con su labor de vigilancia, exigencia y vínculo se han encontrado con respuestas gubernamentales hostiles. De nuevo, la pandemia como pretexto, en otro falso dilema, el de la atención a la emergencia versus los presupuestos de las instancias que están llamadas a la transparencia y el combate a la corrupción. Dicho de otra manera, en algunas entidades federativas, la pandemia ha sido una excusa conveniente para ir frontalmente contra los sistemas estatales anticorrupción y los comités de participación ciudadana, porque “cuestan mucho”. Se ha intentado que este segundo falso dilema genere simpatía entre la población, pues quién no estaría de acuerdo en que la atención a la pandemia es más relevante que mantener los sistemas estatales anticorrupción. El problema es que esa tensión es falsa, pues no hay conexión de sentido entre ambos temas.

En el caso de Puebla, por ejemplo, los embates contra el sistema estatal anticorrupción y su Comité Estatal de Participación Ciudadana se evidenciaron después del llamado de esta instancia a la creación de un micrositio para que, de forma específica, se pusiera a disposición del público la información referente a la gestión de la crisis. De momento es Puebla el ejemplo más reciente, pero pronto pueden ser otros. Y las razones de esas embestidas de los gobiernos a los sistemas anticorrupción no tienen que ver con el discurso buenista de “dejar de gastar”, sino más bien con la oportunidad que ofrece la pandemia para justificar la eliminación de una construcción institucional que fue del agrado de muy pocos desde el principio. Se entiende que el problema es de gran calado, es decir, la discusión no tiene que ver con dinero, eso es únicamente la causal más a la mano para reanudar los ataques contra los sistemas anticorrupción. En el escenario de la pandemia, algunos comités de participación ciudadana han reforzado su labor de vigilancia y exigencia para, en alianza con algunas organizaciones de la sociedad civil, intentar acabar con el problema de la opacidad en la gestión de la emergencia sanitaria. Los resultados de esos esfuerzos han sido dispares. En algunos casos se han logrado avances, en otros han sido ignorados y en otros han debido enfrentar una ofensiva no sólo contra la instancia ciudadana, sino hacia el sistema estatal anticorrupción en su conjunto.

Otra de las vertientes del problema, más allá de la sola opacidad sobre la gestión de la crisis o de los ataques de oportunidad contra las instituciones de combate a la corrupción, es la inoperancia de los mecanismos de algunos sistemas estatales anticorrupción. La apuesta de los malquerientes de los sistemas anticorrupción está asociada con que dicha inoperancia termine por fortalecer los argumentos para la desaparición de los sistemas. Lo que no se dice es que dichos sistemas funcionan de acuerdo con una lógica de trabajo coordinado y colaborativo. Es decir, que si existen algunos casos en los que los avances no han sido relevantes o no ha habido, la responsabilidad por eso es compartida. Es bien sabido, pero no es ocioso reiterarlo: los sistemas estatales anticorrupción se articulan en torno de una idea de la corrupción como problema multifactorial y de manifestaciones variadas, por lo cual, el Comité Coordinador lo integran: gobierno estatal, auditoría superior, órgano garante de transparencia, tribunal de justicia administrativa, poder judicial, fiscalía y un representante del comité de participación ciudadana que, además, lo preside. Esto remite a que, cuando desde los gobiernos estatales, se dice que los sistemas anticorrupción no funcionan, en realidad se está admitiendo el fracaso propio.

A pesar de los logros legales en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, que hicieron pensar que teniendo las construcciones institucionales, lo restante era esperar a obtener los resultados de éstas, la pandemia ha sido ocasión para caer en cuenta de que la exigencia y vigilancia deben ser permanentes, a riesgo de que ocurra el debilitamiento y, luego, la destrucción de esos espacios que han tenido desde su origen la misión de ensanchar los cauces de la rendición de cuentas y disminuir, al menos, los espacios oscuros de las administraciones públicas en los que se llevan a cabo intercambios corruptos o malas prácticas. La propuesta de Lourdes Morales y Mauricio Merino de “volver a los básicos” de la rendición de cuentas parece más que pertinente cuando se observa que hay gobiernos dispuestos a sabotear los trabajos de las instancias estatales anticorrupción o a incumplir sin recato las obligaciones de transparencia, en aras de los dos falsos dilemas que se han mencionado. No es menor el problema y, por lo tanto, tampoco debería ser mínima la preocupación y las acciones de exigencia conjunta entre sociedad civil organizada, academia e instancias como los comités de participación ciudadana. No es posible que, en medio de una pandemia de consecuencias funestas, haya aún gobiernos que consideren la transparencia como una dádiva. Los derechos para todas las personas, en este caso, el de acceso a la información, no deben ser la respuesta a una súplica.

Algunos documentos al respecto:

“Freedom of Information Act (FOIA) Processing Changes Due to COVID-19: In Brief”: https://fas.org/sgp/crs/secrecy/R46292.pdf

“Getting Access to Public Information on COVID-19: Survey Results”: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/library/democratic_governance/access-to-public-info-re-covid-response.html

“Right to information: A matter of life and death during the COVID-19 crisis”: https://voices.transparency.org/right-to-information-a-matter-of-life-and-death-during-the-covid-19-crisis-d98e6422a174

Por: Jaime Hernández