Una primera mirada a las modificaciones que hicieron los diputados federales al presupuesto federal de egresos del 2014 nos muestra que, aunque los legisladores le quitaron cerca de 13 mil millones de pesos al proyecto presentado originalmente por la Secretaría de Hacienda, acomodaron el dinero de tal modo que, al final, dispusieron de 31 mil 700 millones de pesos para el ramo denominado “Provisiones salariales y económicas” (el conocido Ramo 23) que, en realidad, son transferencias directas a los estados y los municipios y constituyen la clave principal de los recursos que los legisladores le asignan a sus clientelas.
Esos regalos presupuestarios, sumados a los que ya traía Hacienda en el proyecto original, suman 55,698 millones de pesos fragmentados en 3,885 proyectos aprobados —según los datos oficiales publicados por Hacienda— hasta el 30 de abril de este año. Se trata de la mayor reasignación de dineros públicos de todo el presupuesto del 2014. Y, de acuerdo con el análisis que hemos hecho con Guillermo Elías y Rosa M. Loría, solamente cuatro fondos del ya famoso Ramo 23 concentran 91 por ciento de las ampliaciones aprobadas por los diputados: los destinados a pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa; el fondo de cultura; el fondo de infraestructura deportiva; y los proyectos de desarrollo regional. En su conjunto, esos cuatro fondos repartidos a los municipios leales y amistosos suman 29 mil millones de pesos.
Que no hubo en ellos una planificación sensata sino un reparto puro y llano del dinero público lo prueba, por ejemplo, la cifra exacta de 5 mil millones de pesos del fondo para inventar obras públicas —de pavimentación, alumbrado y lo que venga— que podríamos denominar la “pizcachita” (según el Diccionario General de Americanismos de Santamaría: “En México, pizca, migaja, pedacito”, o nomás “piscacha: vulgarismo de la pisca por dinero”), o los fondos para “infraestructura deportiva” que suman poco más de 3 mil 211 millones, o ”cultural”, con más de 2 mil 700 millones repartidos, a todas luces, entre los que se pusieron más vivos. Detrás de esos dineros no hay justificaciones claras, ni asignaciones justas, ni razones válidas para quitarle a unos para darle a otros.
En esos cuatro fondos de la “pizcachita” hay 260 proyectos asignados al Estado de México —el mayor beneficiario de la Federación— con un monto total de 4 mil 656 millones, que equivalen a todo lo que se entregó a otros once estados del país, incluyendo el Distrito Federal. Y en ningún caso hay coincidencia entre la entrega de esos fondos y los rasgos de marginación, pobreza o rezagos sociales comprobables de la mayoría de los municipios que los ejercerán. En cambio, la correlación entre el destino del dinero y los diputados que lo repartieron es más clara: en total, los cuatro fondos engloban 2 mil 356 proyectos municipales, de los cuales mil 193 van para los municipios gobernados por el PRI y sus aliados, 447 para el PAN y 295 para el PRD. Para las coaliciones PAN y PRD hay 105 proyectos aprobados, mientras que para las alianzas del PRD otros 94. El resto de los partidos suman en conjunto un total de 174 proyectos y, en contraste, a los municipios de usos y costumbres les tocaron solamente 47.
Por fortuna, la Secretaría de Hacienda ha abierto una página especial de “Transparencia Presupuestaria” para darle seguimiento al Ramo 23 en su conjunto. Pero los datos proveídos son tan insuficientes como las razones que podrían esgrimir los diputados para seguir repartiendo así nomás el dinero de la sociedad, abusando de la facultad que tienen para aprobar el presupuesto federal de egresos —y, según parece, añadiendo además sus “moches” personales—. Nada de esto es aceptable, ni debería pasar inadvertido. Una cosa es aprobar y otra repartir a modo el presupuesto público. Con un poco de vergüenza, este despropósito no debería volver a suceder nunca.
Fuente: El Universal
