En el artículo publicado en las páginas de este diario el lunes pasado, el senador José María Martínez, presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República, comete varios errores. El primero y más grave es desoír las voces que se han alzado en contra del discurso que pronunció al instalar la comisión mencionada, como si no fuera un representante de la sociedad mexicana ni ocupara un lugar de privilegio en el poder político del país.

La ratificación de las ideas del senador Martínez en esta nueva pieza pública resulta alarmante. No sólo ignora la pluralidad de formas familiares que hoy compartimos el mismo entorno social, sino que insiste en hablar de la familia, en singular, y anuncia que la Comisión que preside quiere “políticas públicas que permitan el desarrollo pleno de la familia y sus integrantes, porque al hacerlo se protege al tejido social, se abona a la seguridad y bienestar de todos los mexicanos”. A todas luces, el senador no ha conseguido comprender que cerca de un tercio de las y los mexicanos vivimos en situaciones familiares distintas a las que acepta su credo.

Por otra parte, elude el debate central cobijado por la pluralidad del Senado. En este sentido, dice creer “en la pertinencia de un foro democrático y plural integrado por diversos partidos políticos de ideología distinta, en donde podremos discutir de forma permanente y seria los diversos retos que tiene la familia”. Pero el punto no es la deliberación ideológica, como él la caracteriza, sino el reconocimiento de los derechos de las minorías que el Estado mexicano —al que el senador pertenece— debe salvaguardar. Y no hay duda de que su insistencia en una sola visión de lo que ha de significar la familia en México, impulsada desde la posición que ostenta es, por decir lo menos, autoritaria.

Por último, el senador se duele de la polémica que ha despertado su actitud discriminatoria. “Soy un creyente de la familia —nos dice— donde se adquieren de primera mano valores que nos acompañarán toda la vida. Lamento que debates ajenos a lo anterior hayan generado opiniones imprecisas”. Y añade: “manifiesto mi profundo respeto por aquellas personas que piensan distinto (…) pero al mismo tiempo reclamo el derecho que tenemos quienes diferimos de sus puntos de vista y los expresamos en un entorno plural y democrático”. No. El senador no habla desde un foro abierto de ciudadanos, sino desde una de las instituciones políticas principales de la República. Podemos diferir en la plaza pública, pero quien lo hace investido por la representación política nacional, no está debatiendo entre iguales sino imponiendo su punto de vista. Que me perdone el legislador, pero la responsabilidad que él debe asumir cada vez que hace uso de la palabra no puede compararse, ni remotamente, con la de quien escribe un artículo de opinión. Y mucho menos, cuando al hacerlo desconoce flagrantemente el derecho ganado por las personas a quienes ha decidido ofender.

No le vendría mal al senador Martínez leer la colección publicada por Conapred con el título Legislar sin Discriminación y, en particular, el tomo dedicado al tema de Matrimonio y Familias, así, en plural, donde podría enterarse del marco jurídico que le obliga. Verá en ese libro que lo que está en disputa no es su opinión personal, sino el cumplimiento de sus responsabilidades como legislador nacional, ya consagradas en la Constitución, en los Tratados Internacionales suscritos por México y en las leyes vigentes contra toda forma de discriminación.

Y de paso, tampoco vendría mal que el Senado de la República, como institución, deje de hacer ojo de hormiga sobre la gravedad de esta polémica y se pronuncie oficialmente sobre ella, pues la Comisión creada está funcionando y su titular sigue porfiando en su posición inicial. Y que esto siga sucediendo, no es cosa trivial.

Fuente: El Universal