“No fue la reforma deseable, sino la posible” dice con resignación cristiana alguno de los legisladores del PRD que se plegaron a los designios del pacto sin siquiera ser capaces de presentar una alternativa al dictado del ejecutivo. En las democracias avanzadas, los partidos entran a formar parte de coaliciones para hacer avanzar sus agendas en negociación con las de sus socios de coalición, no para asumir con mansedumbre los designios del poder. En cambio en México las dirigencias del PAN y del PRD, en el nombre del pacto, parecen aprobar primero las iniciativas del gobierno y después averiguan qué fue lo que votaron. Al menos en lo que se refiere a la pretendida creación del Servicio Profesional Docente así parecen haber actuado las direcciones de ambos partidos. El ejecutivo circuló en abril un borrador que apuntaba ya con claridad el modelo al que aspiraba, basado en la evaluación como instrumento para despedir maestros y en la gestión local de los recursos humanos de la educación de manera que la SEP se deshiciera por fin de la negociación con el sindicato y concluyera la descentralización de los recursos educativos comenzada en 1992. Los legisladores, entonces, hicieron como que trabajaban y consultaban para sacar proyectos propios que supuestamente iban a contar con amplio consenso. Reuniones y reuniones con grupos de la sociedad civil, foros de análisis, sesiones de trabajo. Todo para que al final la iniciativa viniera de ejecutivo y no fuera más que el mismo borrador inicial ligeramente remozado. Y entonces se hizo evidente la sumisión de los integrantes del pacto: la orden de las dirigencias a sus vasallos de la cámara de los diputados y del Senado para que aprobaran “la reforma educativa” como si ésta fuera la única posible, el producto de mentes técnicas brillantes capaces de llegar a la solución eficiente. Ya no había tiempo para las minucias de la deliberación democrática. Los dictámenes fueron procesados con celeridad; nada de tratar de introducir cambios, pues lo que urgía era cumplir con el pacto, no legislar adecuadamente. A pesar de la prisa, la Ley del Servicio Profesional Docente tuvo que ser detenida, no sólo por las protestas de la CNTE, sino porque incluso alguno de los personeros de la corriente del PRD que mantiene el pacto a pie juntillas y que estaba involucrado a fondo en el tema se llamó a engaño, mientras que los comisionados del flamante Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación protestaban por la acumulación de competencias que el fallido ordenamiento les atribuía: 23, algunas de las cuales se contradecía con las de su propia ley. Con el retiro del dictamen de la agenda del período extraordinario del Congreso comenzó el sainete. Los que clamaban por sacar la nueva ley sin dilación –algunos por así convenir a sus intereses, otros por santa indignación ante lo que consideraban una concesión al chantaje de la CNTE– polarizaron el clima y acusaron a los críticos de enemigos de la reforma educativa, cómplices de los maestros que no quieren trabajar ni dejarse evaluar. Al final, con nocturnidad, con la clara intención de detener en seco cualquier debate que pudiera alterar el sabio diseño, los diputados aprobaron una minuta con algunos remiendos que hicieran digerible el apoyo de los perredistas pro pacto a un modelo al que expresamente se habían opuesto, permitieran a los dirigentes de la CNTE decirle a sus bases que algo habían conseguido y dejaran satisfechos a los comisionados del INEE. De ahí al Senado para que se aprobara sin más discusión. Los líderes de las bancadas del PRD y del PAN conminaron a sus legisladores a aprobar la minuta sin darle más vueltas a las críticas. Sólo algunas voces se revelaron. Mario Delgado o Armando Ríos en el PRD; Marcela Torres y Javier Corral en el PAN. Al final, sólo 22 Senadores votaron en contra en lo general, aunque otros presentaron reservas que estuvieron a poco de ser ganadas. Los impulsores del engendro echaron las campanas al vuelo. La reforma educativa había sido aprobada. Pero, ¿cuál fue el resultado de la enconada batalla? ¿de verdad, a pesar de sus defectos, la ley del servicio profesional docente tiene avances? Pocos veo entre el cantinflismo legislativo —que, por ejemplo, llama definitivas a plazas que no lo son— y las contradicciones de un texto que parte de una concepción errónea. La visión de los maestros mexicanos prevaleciente entre quienes elaboraron el modelo es la difundida por el documental De panzazo: unos maestros, desarrapados y flojos que no que quieren ser evaluados porque saben muy poco. Esos profesores, encarnados en la batalla final en los “revoltosos” de la CNTE, son el opuesto del guapo mancebo, elegante, alto y barbado que aparece en la propaganda del gobierno a favor de la reforma. Ese maestro ideal, que enseña matemáticas complejas a niños de primaria y hace que los sigan en su asalto al cielo desde las paredes de su salón de clase, es el reflejo de la fantasía de quienes quisieran correr a todos los profes feos, indígenas y pobres para sustituirlos con otros bien vestidos y gallardos, finlandeses de preferencia. Entre plazas de base “definitivas”, que sin embargo están siempre bajo amenaza, y otros retruécanos de la alquimia legislativa nacional, yo lo que veo es un proyecto tacaño, cicatero, de un gobierno que no quiso apostar recursos para el reconocimiento de los buenos maestros, ni quiso darles un horizonte de mejora material de sus condiciones de vida; cuando mucho, les conceden un programa de estímulos de incorporación voluntaria, gestionado por los gobiernos estatales –con todo el margen de arbitrariedad que eso suele implicar– y sujeto a disponibilidad presupuestal. En lugar de premiar a los buenos maestros, el modelito apuesta por castigar a los malos con el despido, pero de tal manera que todo el sistema de incentivos queda alineado a la baja: si tengo tres oportunidades y seis años para aprobar la evaluación, pues busco aprobarla en la última oportunidad y de panzazo. Eso sí, para algunos se abre una gran oportunidad de negocio. De acuerdo con la flamante ley la evaluación la aplicarán las autoridades educativas locales por medio de evaluadores certificados privados. De acuerdo con los cálculos de Ciro Murayama, el número de evaluaciones de maestros que se deberán hacer cada año supera las trescientas mil. Si, como queda establecido en la ley del INEE y en la propia del servicio profesional, las pruebas no serán ya más meros exámenes estandarizados, el costo de cada evaluación será ingente. ¿Quién se quedará con ese negocio? Me temo que dentro de algunos meses veremos a algunos de los entusiastas promotores de la rápida aprobación de la reforma travestidos de activistas a evaluadores. Al tiempo…

Fuente: Sin Embargo