El Procurador General de la República ha presentado las conclusiones de la fiscalía sobre lo acontecido en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Después de una investigación que parece exhaustiva, con las evidencias y los testimonios disponibles, Murillo Karam ha declarado que se confirman las suposiciones expuestas por él mismo al inicio de las pesquisas. La versión del ministerio público parece verosímil y aunque no es todavía la verdad jurídica, pues falta el juicio que confirme o rechace lo actuado en la investigación y decida si la acusación del fiscal está sustentada, sí apunta al esclarecimiento de los hechos de la terrible matanza de los estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, incluso si los jueces condenan a los acusados por la procuraduría, la herida de la matanza no cerrará mientras no se tenga una explicación amplia de las circunstancias que condujeron a la tragedia, en el marco de una guerra que ha provocado la descomposición de las relaciones sociales en amplias zonas del país y de la cual, sin duda, el responsable es el Estado.
Esto no quiere decir que comparta la visión generalizadora de la consigna “fue el Estado”, pues creo que el esclarecimiento de los hechos concretos de Iguala implica fincar responsabilidades claras a quienes ordenaron el secuestro y la ejecución de los normalistas, y a los autores materiales, todos ellos con nombre y apellido y responsabilidad personal; por otra parte, desde la perspectiva del derecho internacional, el hecho de que la PGR haya actuado de manera exhaustiva en la investigación y los responsables hayan sido llevados ante la justicia exime de responsabilidad al Estado pues, hasta donde podemos saber, ha hecho lo necesario para que los crímenes no queden impunes. Falta desde luego el proceso judicial, el cual deberá ser impecable; será entonces cuando quede establecida la verdad jurídica. Sin embargo, la herida abierta en la conciencia colectiva difícilmente se cerrará mientras no se disipe la sensación de que el arreglo político mexicano es un ambiente propicio para que medren quienes se aprovechan de los bienes públicos para sus negocios privados y quienes usan sus posiciones de poder para violar la ley, y de que las policías —arbitrarias y acostumbradas a pisotear los derechos humanos— muchas veces no son otra cosa que sicarios al servicio de intereses particulares.
Los cuestionamientos de los padres de los normalistas, quienes alegan que no hay certeza científica en términos probatorios, pues todo se basa en declaraciones de los detenidos, que afirman que la declaración de “El Cepillo” no detalla hora, ni lugar, por lo que no es concluyente, o cuando dicen que hay versiones encontradas sobre el lugar de ejecución y sobre dónde fueron calcinados, parecen más cuestionamientos útiles para la defensa de los inculpados.
Otros alegatos de los padres, como que no hay un juicio contra la clase política coludida en otros municipios, tiene un carácter más abstracto. Para que hubiera investigación contra el ex gobernador Ángel Aguirre o contra el procurador del estado de Guerrero, haría falta que se presentaran indicios fundados de su implicación en los hechos o de omisiones intencionales. Desde luego que el asesinato de Julio César Mondragón debe ser investigado y si no se ha capturado a todos los involucrados en el caso y tienen pruebas de ello, sería pertinente que las aportaran a la procuraduría, lo mismo que los elementos necesarios para que ésta abra otra línea de investigación. Lamentablemente en México el ministerio público tiene el monopolio de la acción penal y no existen acusaciones particulares como, por ejemplo, en España; con otro sistema judicial, los padres podrían presentar jurídicamente su caso ante el juez.
Capítulo aparte merecen los señalamientos sobre el papel que jugó el ejército en los hechos. De una u otra manera, ya sea por acción o por omisión, lo que queda claro es que la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna o policíacas resulta más que cuestionable. Los padres y los activistas que los acompañan no han mostrado indicios verosímiles sobre la intervención del ejército en los hechos y los delirios especulativos de los supuestos científicos de la UNAM, en torno a los cuales se construyó la especie de la cremación en hornos del cuartel, no parece dar para mucho más que calentar la fantasía y nutrir la radicalidad insurreccional de algunos sectores. Sin embargo, si el ejército está desplegado en Guerrero para garantizar la seguridad, su trabajo ha sido, por decir lo menos, ineficaz. Y dadas las muestras de su proceder en otras situaciones, como la documentada en Tlatlaya, se comprende por qué el procurador dijo en su momento que por fortuna aquel día infausto no habían salido de su cuartel.
En este caso, el gobierno debería ser el principal interesado en aclarar los hechos. En primer lugar, porque la crisis provocada por el caso le ha pegado directamente a su legitimidad y la única posibilidad de recuperarla es con una investigación impecable y a fondo; en segundo término, porque las indagatorias señalan como principal responsable a un alcalde proveniente de las filas del PRD, partido al que los hechos le han estallado en las entrañas y que difícilmente se recuperará después de lo acontecido, lo cual resulta conveniente al PRI. Empero, la falta de credibilidad del sistema de justicia, la proverbial impunidad de los políticos y la ineficacia de un Estado que no ha llevado a cabo la necesaria reforma de sus estructuras y procedimientos, basados en el clientelismo y la apropiación patrimonial, hacen que la verdad jurídica sea insuficiente para satisfacer el clamor justiciero de la sociedad.
Quedan, además, muchas preguntas abiertas en torno a Ayotzinapa y que van mucho más allá del esclarecimiento de lo ocurrido el 26 de septiembre. Falta saber quiénes son realmente los Guerreros Unidos y por qué supusieron que los estudiantes eran sus contrincantes. Poco sabe la opinión pública del auténtico estado de la producción y comercio de drogas en Guerrero; ¿es verdad, como se ha dicho, que ese estado es ya el principal productor de amapola para goma de opio del país? ¿De qué tamaño es el mercado? Tampoco sabemos a ciencia cierta el tamaño de la guerrilla radical y falta esclarecer con veracidad la vinculación entre el discurso insurreccional de los profesores y estudiantes de Ayotzinapa y los guerrilleros actuantes del EPR o el ERPI. Tampoco sabemos si, como se ha especulado, la guerrilla guerrerense se financia con la producción y comercio de amapola y si por ello se han convertido en adversarios o cómplices de distintos grupos de narcotraficantes. Es probable que la verdad sobre los hechos concretos de la noche de Iguala sea la contada por el procurador, pero una cosa es cierta: esa es sólo una pequeña parte de la verdad histórica de lo ocurrido y con su establecimiento en un juicio no se terminará con el conflicto social en una región atenazada por la pobreza, la desigualdad y los abusos.
Fuente: Sin Embargo