Además de enfrentarse a la violencia que viven quienes defienden los derechos humanos, las mujeres defensoras enfrentan la violencia de género estructural que atraviesa el país.

Por Beatriz Olivera 

5 de diciembre, 2019

Los proyectos extractivos en América Latina y particularmente en países como México se han incrementado en las últimas décadas. El extractivismo implica la apropiación de recursos naturales a costa de generar altos impactos socioambientales y a la salud de las personas. Entre dichos procesos, se encuentra la megaminería, los grandes proyectos hidroeléctricos, la extracción de petróleo y gas, entre otras. Estas actividades se realizan al amparo del Estado bajo el discurso de incrementar el desarrollo económico para el país. Sin embargo, la realidad dista de la retórica y es que inevitablemente estos proyectos han propiciado en buena medida conflictos socioambientales y, por ende, el surgimiento de iniciativas y procesos para la defensa del territorio.

En particular, en los procesos de defensa del territorio, las mujeres juegan un rol proactivo, puesto que en buena medida son ellas quienes asumen el liderazgo político, o bien, realizan labores de comunicación, organización o incluso de cuidado. La defensa del territorio tiene un gran poder simbólico para las mujeres, sobre todo para aquellas que pertenecen a pueblos originarios que reconocen a la tierra y a su territorio como forjador de su identidad.

Uno de los retos más avasalladores que enfrentan las personas defensoras del territorio es la criminalización que, a raíz del avance de los proyectos extractivos, ha favorecido que se incrementen y diversifiquen las diferentes formas de violencia. En ese sentido, la organización Global Witness, en su informe “Enemigos del Estado”, encontró que en el año 2018 al menos 14 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas, y destaca que la lucha por proteger la tierra y el medio ambiente se ha vuelto cada vez más peligrosa en México. En su informe global, la organización subraya que el año pasado se registraron 43 asesinatos a personas defensoras vinculadas a la defensa frente a proyectos mineros e industrias extractivas.

Respecto a la criminalización que se ejerce en particular sobre las mujeres, la información aún es escasa. Pese a ello, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) en varios de sus informes sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales ha señalado que, en la mayoría de los registros, no se diferencia si la persona víctima de las agresiones es hombre o mujer, y destaca que de las 118 personas que sufrieron un ataque en 2018, en 82 casos se identificó el sexo, resultando que 64 son hombres y 18 mujeres. En muchas ocasiones, el ataque contra las mujeres defensoras no es visibilizado, por lo que si las mujeres sufren algún tipo de agresión ésta no se relaciona con su labor como defensoras, sino que se vincula a su vida privada o bien con la situación de violencia generalizada que sufren las mujeres. Por su parte, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos registró que entre el 2015 y 2016, se perpetraron 862 agresiones contra mujeres defensoras en México, una cifra por demás aberrante.

El extractivismo está relacionado con la violencia, las cifras anteriores lo demuestran. La violencia contra las mujeres defensoras, además, se expresa mediante el uso de algunas formas autoritarias para controlar y someter ciertos grupos sociales, particularmente a las mujeres. La organización Oxfam ha señalado que existen diversos mecanismos utilizados para disuadir a las mujeres de seguir luchando por su derecho a la tierra. Estas técnicas pasan por la adopción de restricciones al ejercicio de la libertad de asociación, la criminalización de las voces que denuncian violaciones a los derechos humanos, procesos penales prolongados, entre otros.

Indudablemente la violencia que atraviesan las mujeres defensoras es diferenciada. Los ataques son generalmente dirigidos en contra de ellas o sus hijas e hijos; los mensajes y agresiones tienen en el centro un componente de género en el que se les busca disuadir de luchar poniendo en duda su labor como madres, protectoras de la familia o por negarse a cumplir con roles estereotípicos de las comunidades, así como amenazas diferenciadas por ser mujeres. Además de enfrentarse a la violencia que viven quienes defienden los derechos humanos, las mujeres defensoras enfrentan la violencia de género estructural que atraviesa el país.

Desde Fundar sabemos que luchamos juntas, por ello, en estos 16 días de activismo contra la violencia de género y en el marco del Día Internacional de las Mujeres Defensoras de Derechos Humanos hacemos un llamado a reconocer la violencia diferenciada que enfrentan las mujeres defensoras y profundizar en la situación. Criminalizar a las mujeres defensoras implica además disminuir sus posibilidades de participación política y es una barrera para avanzar en la construcción de un país con igualdad y equidad de género.

Por: * Beatriz Olivera es investigadora del programa Tierra y Territorio en @FundarMexico.

Fuente: Animal Político