El momento político que vive el país, marcado por diversas reformas estructurales puestas en marcha o por iniciativas de reforma cuyos procesos legislativos comenzarán en breve, pone de relieve la carencia de políticas efectivas en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Bien vistas, todas las reformas planteadas, desde la educativa, la laboral y la de transparencia, hasta las de energía, finanzas y telecomunicaciones, tienen como común denominador la ausencia de provisiones que permitan el ejercicio eficaz de la rendición de cuentas, mediante mecanismos claros y de uso simple para los ciudadanos.

Hemos dicho que México aprendió en las últimas dos décadas a transitar de un modelo autoritario de acceso al poder político a uno democrático con reglas claras para todos y con amplia participación ciudadana, respeto a la pluralidad y apego a la ley. Falta ahora, en la continuación de este proceso, establecer las bases para el ejercicio democrático de ese poder en los tres niveles y los tres ámbitos de gobierno que de él emana. En la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) pensamos que esta segunda etapa pasa, indefectiblemente, por la rendición de cuentas.

Son muchas las experiencias exitosas que en materia de rendición de cuentas existen a nivel mundial y el conocimiento y debate sobre ellas durante el Seminario Internacional “Combate a la corrupción: balance para una propuesta”, contribuirá a pavimentar el largo camino que en esa materia debe transitar México.

Las principales carencias

En la Red sabemos que la fragmentación de esfuerzos e iniciativas favorables a la rendición de cuentas en México ha sido una de las causas principales de buena parte de los problemas de probidad, calidad y eficacia gubernamental que afronta el país.

Las nuevas instituciones públicas del país nacidas del cambio político de finales del siglo XX y principios del XXI, dedicadas a la transparencia, a la fiscalización y a la evaluación de la gestión pública, deben articular sus trabajos para consolidar el régimen democrático de México.

No se nos escapa que en el actual debate legislativo sobre transparencia se vivieron momentos de angustia ante el peligro real de que la Cámara de Diputados diera un paso atrás de gravísimas consecuencias en esa materia, de haber prosperado la iniciativa que buscaba limitar la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Finalmente, para fortuna de la transparencia y el combate a la corrupción, la cámara baja aprobó, tras una fuerte presión de la sociedad civil, un dictamen que, con algunas salvedades, respeta el espíritu del dictamen enviado por la Cámara de Senadores.

Por otro lado, a pesar de los cambios favorables para conocer y evaluar los procesos y los resultados de la gestión pública, todavía no existe en el país un sistema articulado de rendición de cuentas, ni consecuencias claras e inequívocas de los esfuerzos que se hacen de manera aislada para mejorar la  calidad, la eficacia y la probidad de la administración pública en los tres niveles de  gobierno y en los tres poderes ni, mucho menos, para modificar las percepciones públicas generalizadas sobre la corrupción, la simulación y la impunidad.

Combatir las causas, no las consecuencias

De acuerdo con el análisis de la Red, podemos observar que los recursos que se destinan a atacar efectos sin atender causas no sólo pierden sentido con el tiempo sino que pueden producir, a su vez, nuevas dificultades a la solución de fondo de los problemas públicos.

La Red por la Rendición de Cuentas quiere promover una política de fondo y ese propósito exige parsimonia y consenso entre los actores políticos, sociales y económicos de México.

Dicho esto, exigimos sin ambages, además, el establecimiento de una política clara de rendición de cuentas para todos los poderes, para todos los órdenes de gobierno y para todas las autoridades; hacia ese horizonte apunta la deliberación en este Seminario Internacional.

En suma, la Red propone:

• Fortalecer los órganos garantes de transparencia: el IFAI y los órganos garantes de los estados.
• Otorgar plena autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y consolidar su papel constitucional como cabeza del Sistema Nacional de Fiscalización.
• Distinguir entre la responsabilidad pública de los gobiernos y de las dependencias, y la responsabilidad individual de los servidores públicos.
• Otorgar autonomía constitucional al Ministerio Público y crear un área especializada de la Procuraduría General de la República para la investigación y persecución de delitos que menoscaben el patrimonio público o constituyan acciones u omisiones deliberadas en detrimento del ejercicio de la función pública.
• Crear una instancia jurisdiccional especializada –análoga en su concepción al Tribunal Electoral de la Federación-, para desahogar las responsabilidades administrativas y el fortalecimiento de la responsabilidad patrimonial.

Todo esto bajo un enfoque de fortalecimiento de la ciudadanía, que debe ser, en definitiva, la beneficiaria central de una auténtica rendición de cuentas en el país.

Si quieres conocer la propuesta completa de la Red por la Rendición de Cuentas visita: www.rendiciondecuentas.org.mx.