Por Gabriela Morales *

La atención que recibe el derecho de acceso a la información se recibe con beneplácito, sin embargo, las decisiones que se tomen ahora tendrán consecuencias permanentes para el ejercicio del derecho.

En primer lugar, es importante que no se admitan regresiones al marco del derecho de acceso a la información que se encuentra en consolidación en México.

En segundo lugar, las decisiones que se tomen deberán efectivamente tender hacia la resolución de los problemas pendientes del derecho de acceso a la información y su ejercicio.

La presente entrada da cuenta de los elementos presentados en las distintas iniciativas para reformar el marco constitucional y legal del derecho de acceso a la información.

Después de las elecciones, se presentaron 3 iniciativas en la Cámara de Diputados y 3 iniciativas en el Senado de la República, una de ellas está basada en la iniciativa propuesta por el presidente electo, Enrique Peña Nieto.

Las iniciativas tocan de distintas maneras los siguientes elementos que todas comparten:

En relación con la autonomía constitucional del IFAI parece existir un consenso en todas las propuestas e iniciativas presentadas. De la misma manera, todas las iniciativas, con excepción de la de la presentada por el partido Nueva Alianza en la Cámara de Diputados comparten la idea de dotar al IFAI de competencias para conocer y resolver los recursos que interpongan los particulares respecto a las decisiones de los órganos garantes en los estados y el Distrito Federal.

Las iniciativas de los grupos parlamentarios del PRI, y PVEM, y las iniciativas del PAN y PRD presentadas en el Senado, excluyen de la autoridad del IFAI a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Todas las iniciativas coinciden en que las decisiones del IFAI deben ser definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

Sin embargo, la iniciativa presentada por los partidos revolucionario institucional y verde ecologista abren la posibilidad al Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Cámara de Senadores y los Presidentes de los organismos con autonomía constitucional, así como al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, de interponer un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia contra las resoluciones del IFAI que ordenen la publicidad de información que se considere pueda poner en riesgo la seguridad nacional.

Este puede ser un tema delicado precisamente porque se ha pugnado por asegurar que el IFAI sea la última instancia para las autoridades en materia de transparencia y acceso a la información.

Resulta pertinente hacer notar la necesidad de asegurar la fortaleza institucional del IFAI en relación con los recursos presupuestarios, humanos y materiales que serían necesarios para cumplir con las nuevas obligaciones propuestas, especialmente las relativas a las funciones de revisión de las decisiones de los órganos garantes en materia de transparencia en los estados.
Es en lo relativo a los mecanismos de designación de comisionados y comisionadas del IFAI donde se observa una mayor distancia entre las diferentes iniciativas.

La iniciativa presentada por los grupos parlamentarios del PRI y PVEM ante el Senado conserva la facultad del ejecutivo para nombrar a las personas que dirigirán el IFAI y limita la actuación del poder legislativo a través del mecanismo de la no objeción.
La iniciativa del PAN ante el Senado propone que las y los Comisionados serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta de los Grupos Parlamentarios con afiliación de partido en la Cámara de Senadores, previa realización de una consulta a la sociedad.

La iniciativa del PAN en la Cámara de Diputados propone que los aspirantes tendrán que acudir a la convocatoria de concurso nacional por oposición para ser comisionado/a del IFAI, para acreditar la capacidad académica suficiente a través de una evaluación elaborada y aplicada por un ente externo que podría ser el CENEVAL y que este mismo ente entregue en orden descendente de calificación a la Cámara para que esta valide y nombre a los Comisionados que corresponda en cada convocatoria.

Las y los comisionados serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios.

El tema de los nombramientos será fundamental para garantizar la independencia política del Instituto por lo que deberá incluir procedimientos técnicos que garanticen que las personas elegidas cuenten con la experiencia y conocimientos necesarios para proteger el derecho de acceso a la información.

Finalmente, en lo que refiere a la regulación del artículo sexto constitucional, de manera general todas las iniciativas coinciden en otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General en la materia que sirva como marco para las legislaciones locales.

Además de los elementos incorporados en las propuestas es pertinente examinar aquellos elementos que no han sido considerados y pueden tener un impacto en el ejercicio del derecho. Sólo dos iniciativas incorporan la propuesta de incluir como sujetos obligados de la Ley a fideicomisos públicos, partidos políticos y sindicatos. La iniciativa del PAN en el Senado lo hace expresamente al igual que la iniciativa presentada por el PRD en el Senado.

En la propuesta de los grupos parlamentarios del PRI y PVEM en el Senado, se reconoce la publicidad de la información de los fideicomisos públicos y se hace una mención a los partidos políticos, sin embargo, su incorporación como sujetos obligados no se ubica explícitamente en los términos de la iniciativa.

La iniciativa del PAN en la Cámara de Diputados señala que no existe razón válida para omitir en la Ley General propuesta a los partidos políticos por recibir recursos públicos y por ser la vía más importante para acceder al poder en este país, por lo que “es necesario terminar con la intermediación del IFE y asumir a los partidos políticos como sujetos obligados plenos”.

La publicidad de la información que reciben los sindicatos, partidos políticos y fideicomisos es de incuestionable interés público y considerando que la publicidad de la misma está incorporada en distintos marcos normativos estatales, la reforma al marco de transparencia debería considerar hacer alusión explícita a estas entidades como sujetos obligados en materia de forma acorde con los más altos estándares de protección del derecho de acceso a la información.

Otro tema ausente en las propuestas es el fortalecimiento del marco sancionatorio en materia de transparencia y acceso a la información. Las sanciones a las y los servidores públicos que incumplan con las disposiciones de la Constitución y las leyes de transparencia deben estar orientadas a favorecer la apertura de la información de conformidad con el principio de máxima publicidad establecido en la Constitución.

El reto que enfrentan las y los legisladores en materia de transparencia y acceso a la información es fundamental para la consolidación democrática. Los análisis y opiniones vertidas en las iniciativas y promovidas por actores de la sociedad civil, instituciones y academia son de la mayor relevancia y de la revisión y deliberación de todos estos argumentos y sus implicaciones debe emerger un marco fortalecido que garantice efectivamente el libre y pleno ejercicio del derecho de acceso a la información en el país.

*Investigadora

Publicado en El Universal