El 5 de febrero se cumplió lo anunciado. El presidente López Obrador presentó sus iniciativas de reforma constitucional. En ellas plasmó su proyecto de Nación. Muchos analistas han desmontado sus significados: expuestas en un monólogo con los suyos, buscan afianzar y prolongar el movimiento haciendo de la elección un plebiscito en blanco y negro: “por o contra el pueblo”.

En las próximas entregas de esta columna analizaremos las propuestas. Ahora me importa destacar su lógica estructural, que se inscribe en esa peligrosa ola global que es el populismo, y que al final del día implica una negación de los valores democráticos, tales como un sistema de pesos y contrapesos y ciertas limitaciones a la voluntad de las mayorías.

Además, el populismo postula soluciones simples a los problemas complejos. Genera así una polarización en la que todos quienes no se adhieren incondicionalmente a esas soluciones son en automático considerados “enemigos del pueblo”. Se genera así una efectiva trampa retórica.

El paquete de 20 reformas tiene cinco componentes centrales. El primero es desmontar el sistema de pesos y contrapesos para permitir que la voluntad del pueblo, encarnado en el líder, se imponga sin obstáculos. Por eso se busca capturar al poder Judicial y eliminar los órganos con autonomía constitucional que, aunque sin duda imperfectos, han servido para contener al poder.

El segundo es una modificación profunda del sistema de representación para eliminar, con el argumento del ahorro, la representación proporcional y facilitar que Morena obtenga una mayoría en el Congreso, pues solo ese partido representa auténticamente al “pueblo”. Así, se impone una lógica anti pluralista.

El tercer elemento son las promesas: un salario digno, una pensión justa, una atención médica integral, universal y gratuita, becas y programas sociales. ¿Quién, sino los enemigos del pueblo podrían oponerse a tanta generosidad? Único problema, no se dice quién ni cómo se va a pagar por ella. Muchas de esas promesas son incumplibles, al menos en el corto plazo.

El cuarto eje es la militarización constitucional de la seguridad pública. Sabemos que la receta no funciona, pero el asunto en los hechos está decidido. Y con ello se modifica un arreglo institucional entre las Fuerzas Armadas y el poder civil que costó mucho trabajo construir.

Finalmente, hay un regreso al monopolio del Estado. Pemex y CFE convertidos en los paladines de la soberanía cuando, en realidad, se está comprometiendo uno de los elementos críticos del futuro, que es la energía.

Jan-Werner Müller en su libro ¿Qué es el populismo? lo anuncia con claridad: “los populistas que tienen suficiente poder buscarán establecer una nueva constitución populista, tanto en el sentido de un nuevo acuerdo sociopolítico, como de una nueva serie de reglas para el juego político”. En esas estamos.

Fuente: Milenio