Transparencia Mexicana, dedicada a estudiar y combatir la corrupción, informó en un comunicado de prensa que en 18 de 32 congresos estatales no fue posible identificar la información mínima sobre conflicto de intereses.

84% de los legisladores del país no publica información sobre posibles conflictos de interés como lo pide la legislación, informó este lunes Transparencia Mexicana.

La organización, que dirige Eduardo Bohórquez, informó que 1,462 de 1,739 legisladores que hay en México no publicaron su declaración de intereses, la testaron, la dejaron en blanco, reservaron la información, utilizaron un formato distinto al que la ley mandata o dijeron “no tener intereses”.

El 31 de mayo termina el plazo para cumplir con las medidas para prevenir y evitar conflictos de intereses en los 34 órganos legislativos del país, incluidos los 32 congresos estatales y las cámaras federales de Diputados y de Senadores.

Transparencia Mexicana, dedicada a estudiar y combatir la corrupción, informó en un comunicado de prensa que en 18 de 32 congresos estatales no fue posible identificar la información mínima necesaria para prevenir potenciales conflictos de intereses de los y las legisladoras.

Por ello, Transparencia Mexicana informó dio a conocer que el 1 de junio revisará el cumplimiento de los mecanismos para prevenir y evitar conflictos de intereses en el Congreso Federal y los Congresos Estatales.

La organización civil verificará la situación de los mil 741 legisladores y legisladoras del país (628 federales y 1,113 estatales). La decisión de hacer esta revisión fue tomada ante un análisis preliminar de la Unidad para la Transformación de los Congresos (UTRAC) de Transparencia Mexicana que identificó que solo el 16% (277) del total de los legisladores del país 1 presentó y publicó sus intereses, como lo establece la legislación mexicana.

Transparencia Mexicana agregó que cuando un legislador no hace pública la información sobre sus intereses personales –por ejemplo, si participa en empresas, sociedades, fideicomisos, organizaciones, sindicatos o tiene clientes en el sector privado o público– incrementa el riesgo de conflicto de intereses durante su cargo.

En México, la ley establece que todo servidor público tiene la obligación de presentar y publicar una declaración de intereses para comprobar que las decisiones tomadas se hagan en representación del país.

Fuente: El Economista