Por Lourdes Morales y Daniel Manchinelly
Esta semana varias decisiones que pueden fortalecer o debilitar el ejercicio de acceso a la información dependen de las decisiones tomadas por los representantes en el Congreso. La primera buena nueva fue que después de cinco años de rezago y por orden judicial, en la Cámara de diputados se aprobaron las modificaciones al reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que darán mayor transparencia y difusión a los gastos de legisladores federales. Con esto podrá ser finalmente integrado el Consejo de Transparencia que a pesar de haber sido aprobado en 2009 no había sido constituido.
Por única ocasión, los consejeros serán nombrados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados y durarán en su encargo cinco años. Según lo que establece la ley, el consejo habrá de resolver los recursos interpuestos por ciudadanos contra las negativas para acceder a la información pública. Los integrantes del consejo deberán ser prestigiados expertos en materia de transparencia y acceso a la información pública, deberán gozar de prestigio en el medio relacionado con la transparencia y acceso a la información pública y participarán en el diseño de la política institucional de la Cámara en materia de transparencia acceso a la información pública y la protección de datos personales mediante análisis evaluaciones periódicas estudios y recomendaciones. A partir de ahora, la Cámara de Diputados deberá publicar el programa anual de trabajo de la contraloría interna.
En el mismo tenor, se presentó una iniciativa de reforma (Art. 1o. y 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 77 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado) para que los sindicatos de empleados públicos estén obligados a transparentar los recursos que reciben de los sujetos obligados por la ley de transparencia. (Gaceta Parlamentaria, número 3445-IV, martes 7 de febrero de 2012)
En segundo lugar, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma que implica la creación del sistema nacional de fiscalización. Las modificaciones implican cambios en las fechas, los métodos y la forma de entrega de la cuenta pública; una nueva política en materia de auditorías; abrir la puerta a nuevas revisiones y evaluaciones preliminares a los informes de gasto presentados por el gobierno federal, y, sobre todo, permitir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizar los esquemas de inversión de coparticipación público-privada. El sistema nacional de fiscalización implicaría una nueva coordinación de acciones de todos los órganos encargados de realizar labores de revisión en el país, con el propósito de generar mejores condiciones en los alcances del análisis de las cuentas proporcionadas por los tres niveles de gobierno y así evitar duplicidades y omisiones.
Finalmente, el Presidente Felipe Calderón propuso al Senado a Ricardo Celis Aguilar Álvarez, funcionario de la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, para ocupar la vacante de Comisionado para el IFAI. Ante tal designación las reacciones no se hicieron esperar: al grito de #defenamosIFAI diversos académicos y miembros de organizaciones sociales pidieron en redes sociales a los senadores que objetaran el nombramiento por no cumplir con los requisitos de autonomía y conocimiento que según la ley debe de cumplir el funcionario designado para este encargo. Asimismo, el Colectivo por la Transparencia integrado por organizaciones miembros de la Red por la rendición de cuentas, preparó un posicionamiento público que será entregado a los senadores este martes antes de que inicie la sesión en la que se decidirá el futuro del IFAI.
En el ámbito de las organizaciones sociales, CIDAC presentó un estudio sobre los 8 delitos que más afectan la vida de los mexicanos y la organización INSYDE logró que en el Congreso se presentara su propuesta sobre la creación de un auditor de policías.
