El Senado avaló en lo general y particular la Ley Federal de Austeridad Republicana, reformas y disposiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los dictámenes se enviaron de regreso a la Cámara de Diputados. De inmediato surgió la polémica por la posible aprobación de una “partida secreta” que podría ser usada a discreción del Ejecutivo federal.

Y es que el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que los ahorros que se generen como resultado de las medidas de austeridad, podrán ejercerse, “en los términos, de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, que los ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.

Esta redacción, sin duda ambigua, puede abrir la puerta a decisiones discrecionales que deben regularse, transparentarse e informar de manera clara los criterios en las decisiones que se tomen en cada una de las instancias ejecutoras de ese gasto. Para poder justificar el uso que se dé a esos recursos, se requiere que el Plan Nacional de Desarrollo tenga muy claro lo que medirá, los objetivos que se quieren perseguir durante esta administración y reforzar esquemas de transparencia y rendición de cuentas que permitan dar un seguimiento puntual a cada peso ahorrado por estas medidas. Esta condición, no se cumple con lo que hoy se tiene sobre la mesa en materia de planeación para el sexenio.

Es por ello que la polémica sobre la posible existencia de una “partida secreta de facto” puede ser justificable. En medio de un contexto, donde por años se han tomado decisiones discrecionales y que no han favorecido a los que más lo necesitan; en el que el ejercicio de la cuenta pública ha sido opaco, es urgente que dar certeza de una toma de decisiones con base en un proceso planeado, serio y que tenga muy claros los beneficios que quieren generarse.

Los ahorros son bienvenidos, siempre y cuando no se pierda el rumbo del país, se vulneren derechos y se debiliten a las instituciones. El riesgo de que estos recursos sean utilizado con fines político-electorales estará latente mientras no haya reglas claras de cómo se asignarán y ejercerán.  

Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas