El Presidente Enrique Peña Nieto promulgará este lunes la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión avalada por el Congreso con una tímida oposición. A pesar de que líderes políticos y medios de comunicación afines al Presidente han insistido en las bondades de la ley, ésta contiene varios aspectos preocupantes. (LEY TELECOM).
En primer lugar se trata de la autorización de la vigilancia masiva, es decir, la posibilidad de activar servicios de localización geográfica en tiempo real e intervenir comunicaciones por parte de autoridades. En segundo lugar, se trata del almacenamiento de datos, por parte de autoridades, hasta por dos años y sin orden judicial de por medio. La ley faculta a las instituciones de procuración de justicia y de seguridad a ordenar estas medidas sin establecer controles judiciales que los limiten. En tercer lugar, la ley permite el “switch off”, es decir, bajo el argumento de la seguridad nacional pero sin delimitar claramente los lineamientos, se permite el bloqueo de contenidos y señales en ciertas zonas o eventos. Finalmente, al haber definido la preponderancia, es decir, el exceso de influencia en el mercado, por sector y no por servicio, las figuras monopólicas no quedan prohibidas sino medianamente controladas. Esto sin mencionar que cuando haya acciones contrarias a la competencia, las empresas sancionadas podrán acudir al amparo directo.
La ley da un tiro de gracia a la competitividad de radios y televisiones comunitarias e indígenas ya que les prohíbe el autofinanciamiento. De esta manera, serán dependientes del gobierno en turno con lo cual muy probablemente se volverán espacios de propaganda gubernamental con baja o nula imparcialidad en la información.
A cambio de este golpe a los derechos fundamentales se promociona que en los servicios de larga distancia nacional todas las llamadas tengan una tarifa local. Se mantiene el “must carry/must offer” o sea, que los concesionarios que presten servicio de televisión o audio restringido estén obligados a retransmitir de manera gratuita la señal radiodifundida con mayor audiencia. Se permite que la consulta del saldo sea sin costo. Se obliga a aplicar ciertos parámetros para cuidar la accesibilidad de los servicios para personas con capacidades diferentes y las empresas telefónicas tienen la obligación de desbloquear los celulares en caso de que los usuarios quieran cambiar de compañía.
Diversas organizaciones sociales como AMEDI, el Centro PRODH, FUNDAR y Artículo 19 consideran que este dictamen es un retroceso y a petición de las mismas, el IFAI considera interponer una acción de inconstitucionalidad por la posible violación del derecho a la privacidad de las personas y por violentar la garantía del derecho de acceso a la información. No sería la primera vez que el IFAI emprende una cruzada similar. En marzo de este año, el órgano garante solicitó la invalidez de un artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales que tenía que ver con las facultades concedidas al Ministerio Público para solicitar la localización en tiempo real de teléfonos celulares sin orden judicial de por medio. Ante el atentado a los derechos fundamentales, el IFAI cumplió con su papel y la SCJN aceptó el recurso. Otra vez se abre la coyuntura para que el IFAI confirme su papel de órgano al servicio de la ciudadanía.
Corolario: El viernes pasado se presentó el cuaderno “Archivos: un componente indispensable del sistema de rendición de cuentas” escrito por Ramón Aguilera, director de la Escuela Mexicana de Archivos. Con una ley general de archivos en puerta, Aguilera propone: la promoción de una nueva cultura archivística en la administración pública como pieza fundamental para la rendición de cuentas, el diseño de una ley general de archivos adaptada a la realidad mexicana pero acorde con los principios de acceso del Consejo Internacional de Archivos, que el Archivo General de la Nación sea cabeza de sector y que para ello se le dote de autonomía técnica, operativa y presupuestaria y que el uso de tecnologías de la información sea incorporado como un medio y no como un fin en sí. El Cuaderno se presentó oportunamente en el marco del Segundo Foro “Hacia la construcción de una Ley General de Archivos” convocado por el AGN, el IMIPE y el IDM lo cual contribuyó al debate.