Por Juan E. Pardinas
La política de archivos es uno de los temas menos sexys del debate público. La archivología no parece una ciencia que despierte grandes pasiones ideológicas. Sin embargo, la sistematización de documentos de papel o los datos almacenados en la memoria de una computadora son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Como sostiene Jacqueline Peschard, sin archivos bien administrados y a la mano, la transparencia es una ficción. Sin transparencia y archivos, la lucha contra la corrupción es como un boxeador que sube al ring con la mano amarrada a la espalda.
Cuando el pleno del Senado aprobó, sin una discusión sustantiva, el nombramiento del nuevo procurador general de la República, el comentario más frecuente fue: ¿dónde estuvo la oposición en el Senado? Sin cuestionamientos serios, ni contrapesos, los senadores del PAN y PRD se transformaron en las escoltas obsequiosas de los deseos del Ejecutivo federal. La ausencia de contrapesos fue tan pobre en el Senado que a las pocas semanas el presidente Peña Nieto presentó una iniciativa que buscaba enmendar los problemas de fondo de la transición entre la PGR y la Fiscalía. Algo mal funciona en el Congreso, cuando el Poder Ejecutivo hace el trabajo que le correspondería a la oposición en el Senado.
El Senado acaba de presentar un proyecto de Ley General de Archivos que deja varias preocupaciones abiertas. Al ver el diseño de la ley de archivos, preocupa que el PRD y el PAN vuelvan a olvidar su responsabilidad de oposición en el Congreso, para convertirse en chambelanes de una fiesta organizada por la Secretaría de Gobernación.
En la propuesta legislativa en manos del Senado se establece la creación de un Consejo Nacional de Archivos, el cual tendría la enorme responsabilidad de determinar la política nacional en la materia. Este consejo estaría encabezado por la Secretaría de Gobernación. ¿Te gustaría tener a Miguel Osorio Chong con el control sobre la memoria histórica del país? A mí tampoco. Si la oposición en el Senado le hace este generoso favor legislativo al Palacio de Bucareli, en los estados de la República los consejos locales también estarían encabezados por los respectivos secretarios de Gobierno. ¿Te imaginas los archivos estatales de Veracruz o Quintana Roo en manos de los brazos políticos de personajes como Javier Duarte y Roberto Borge? El destino de la memoria histórica de México debe estar en manos de técnicos, historiadores y especialistas en derecho a la privacidad, no bajo el control de un señor que se hace bolas cuando presenta las cifras de seguridad pública. Resulta muy elocuente que la misma Secretaría que maneja las áreas de espionaje, el sistema carcelario y la Policía Federal, ahora también se quiera convertir en garante de la memoria histórica. El manejo político o policial de los archivos históricos es un rasgo inherente de los regímenes autoritarios.
En esta etapa difícil en la vida de México, urge fortalecer la confianza en las instituciones del país. En una era donde las falsedades se vuelven una noticia con decenas de miles de retweets y la verdad es una víctima colateral del debate electoral, resulta fundamental que la memoria histórica de México se maneje bajo criterios técnicos y no políticos.
Integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas han hecho propuestas específicas para tener una Ley General de Archivos sin inspiraciones de la Alemania del Este en tiempos del Muro de Berlín. Este diseño institucional para la política nacional de archivos se parece más al México de Gustavo Díaz Ordaz, que a la democracia moderna que buscamos forjar en el siglo XXI. Ojalá que el PAN y el PRD no se presten a ser comparsas de este retroceso.
FUENTE: Reforma
