El viernes 1º de agosto, en pleno periodo de vacaciones escolares, se generó un caos en las casetas de cobro de las carreteras administradas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Esto fue porque al momento de que los automovilistas quisieron realizar el pago de su peaje con el sistema de Identificación Automática Vehicular mejor conocido como IAVE, el sistema simplemente no funcionó. Las largas filas generaron retrasos absurdos en los usuarios y pérdidas económicas para comerciantes que tuvieron que sufragar de su bolsillo el costo de la ineficiencia. Horas más tarde se sabría que dentro de las causas estaba el fin del contrato entre la empresa I+D que desde el 2005 operaba el sistema y la falta de cumplimiento de la empresa Telepeajes Dinámicos ganadora de la licitación con la oferta más cara del proceso.
Los platos rotos del telepeaje
La falta de respuestas razonables y sobre todo la ausencia de responsables pusieron la lupa sobre el proceso de licitación, un proceso cuya información disponible hasta ahora, siembra dudas razonables sobre la transparencia e imparcialidad de la contratación. El escándalo obligó a que el titular de CAPUFE, Benito Neme, fuera a comparecer ante el Senado la semana pasada. Sin embargo, lejos de brindar respuestas, justificar su actuación y transparentar por completo el proceso, el funcionario se limitó a responsabilizar a las empresas que operan el sistema de telepeaje diciendo que ambas “no se habían puesto de acuerdo” y a decir que ambas tendrían sanciones económicas ejemplares. http://comunicacion.senado.
El caso CAPUFE es sólo un ejemplo de la ausencia de rendición de cuentas en México y de la incomprensión de los funcionarios al respecto. En estos casos, los responsables no son identificados, no hay consecuencias para ellos y lo que es peor: no operan mecanismos que permitan corregir las fallas institucionales que generan las ineficiencias. Despedir a un funcionario o inhabilitarlo no basta. La falta de capacidades, la incompetencia y la corrupción provocan que seamos los mexicanos quienes pagamos el costo de obras y servicios que cuestan más de lo planeado, que suelen no ser competitivos, que se entregan a destiempo (como el telepeaje unificado que en vez de operar por la nueva empresa desde el 1º de agosto funcionará hasta el 1º de noviembre) y que no son diseñados para el beneficio de los usuarios. Esto sucede porque hay incentivos para hacerlo y sin mecanismos que promuevan la eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y responsabilidad en los procedimientos de contratación, seremos nosotros quienes sigamos pagando los platos rotos de la corrupción.
