Tras un largo camino de propuestas, análisis, discusiones y audiencias públicas quedó aprobada en el Senado – con una aplastante mayoría de 110 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención – la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública derivada de la reforma constitucional publicada el año pasado. Lo que debía de ser apenas un trámite consensuado, se tornó en una larga discusión debido a que de última hora, las comisiones dictaminadoras introdujeron 12 cambios. El más relevante: el plazo de cinco meses otorgado al propio Poder Legislativo para elaborar un programa de reorganización administrativa de cuyo avance dependerá asumir las 48 obligaciones de transparencia comunes y las 15 específicas que le exige la ley.

Estos cambios no son banales. Para cumplir con el nuevo mandato se requieren de nuevas capacidades, rutinas y recursos. Se trata, parafraseando a Bourdieu, de un cambio de habitus. Es decir, el esquema de acción, valoración y percepción de los legisladores tiene que ir aparejado de un cambio radical en los comportamientos adquiridos, casi de manera inherente, por nuestros legisladores.

Así dentro de las nuevas obligaciones se encuentran: la publicidad de los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente, un asunto que ha sido motivo de fuertes críticas por la ausencia total de rendición de cuentas. También sobresalen: las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato; informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa; y el padrón de cabilderos, de acuerdo con la normatividad aplicable, por mencionar algunos.

Mucho se ha documentado la opacidad que prevalece en el Congreso mexicano. El Informe de la Cuenta Pública 2013 confirmó la opacidad en las subvenciones a los grupos parlamentarios ya que no pudo emitir una opinión sobre este gasto porque la documentación que debiera sustentar la aplicación de dichos recursos no fue entregada. Esta “limitada rendición de cuentas” sucede en un Poder que el año pasado recibió un presupuesto total de 12 mil 382 millones de pesos. Según el Índice de Transparencia Legislativa elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, el Congreso mexicano cumple solamente con el 37% sobre 100 de los criterios básicos de transparencia, teniendo sus flancos más débiles en lo que respecta a la información sobre presupuesto y gestión administrativa y participación y rendición de cuentas. Con la adopción de la nueva ley, es posible que la transparencia alcance a los grupos parlamentarios forzándolos a justificar cómo y por qué es que gastan el dinero de quienes dicen representar.