Por Lourdes Morales y Daniel Manchinelly

A pesar del discurso de la actual administración sobre la necesidad de promover el derecho de acceso a la información pública, esta semana, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos dio a conocer datos que muestran otra realidad. Servidores públicos de la administración pública federal incrementaron el número de expedientes reservados y siguen negando información argumentando la inexistencia de la misma (sin la reposición) o la reserva de datos por motivos de “seguridad nacional”. De más de 7 millones de expedientes reservados, el gobierno federal incrementó la cifra, en menos de un año,  a más de 8 millones. El IFAI registró además 74, 529 respuestas de distintas dependencias de la administración pública federal con la leyenda: “no es de la competencia de la Unidad de Enlace” y en 18,120 casos se detectó que los funcionarios habían considerado la información como “reservada o confidencial” para negarla.

Asimismo, se dio a conocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría General de la República (PGR), los servicios de Administración Tributaria (SAT) y de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) se encuentran entre las dependencias y entidades del gobierno federal que más respuestas negativas han dado a las solicitudes ciudadanas de información, por tratarse de datos confidenciales. Elo que va del año se han presentado un total de 29 mil 869 solicitudes (30.9 por ciento de lo registrado en 2011), de las cuales 7.2 por ciento han sido recurridas ante el instituto por entrega parcial o negativa de la información

Esta información se da a conocer meses después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableciera de manera categórica que las dependencias del Ejecutivo no pueden promover ningún tipo de litigio judicial para impugnar las resoluciones del IFAI que son contrarias a sus intereses. La SCJN determinó que los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el IFAI al resolver recursos de revisión. A partir de 2003, año en que el IFAI comenzó a revisar solicitudes de información, 16 dependencias del Ejecutivo han promovido un total de 56 juicios en su contra.

La PGR (una de las dependencias más opacas) ha presentado 30 de estas demandas, y es por mucho la dependencia más litigiosa. En aquélla ocasión, los Ministros se refirieron con mayor énfasis al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), al que la PGR ha acudido de manera recurrente en los últimos años.

Varias salas regionales del TFJFA se han declarado competentes para conocer de estas demandas con el argumento de que no se puede dejar en “indefensión” a las dependencias del Gobierno, e incluso han llegado a revocar órdenes del IFAI pese a que no hay ley que las faculte para ello.