La participación de los ciudadanos, los compromisos de los políticos y la gestión pública están vinculados al régimen democrático y su participación en una política de rendición de cuentas está ligada a ciertos valores específicos.

Durante el panel Cultura y ética como soportes del derecho al acceso a la información, en la Semana Nacional de la Transparencia, el investigador del CIDE y coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, ofreció una visión de conjunto sobre el tipo de cultura más deseable y cercana a la ética pública que debe estar vinculada a las prácticas democráticas.

“La ética es un concepto difícil de trabajar, porque finalmente alude a valores que pueden ser de cualquier naturaleza y que incluso pueden resultar peligrosos cuando se les usa como un instrumento para acrecentar espacios de poder. Pero si lo afincamos en un régimen democrático, me parece que ese riesgo, por lo menos, tiende a mitigarse; es decir, los valores a los que me quiero referir son valores que buscarían, en todo caso, un compromiso explícito con el ejercicio democrático de la autoridad, con el régimen democrático”, señaló el académico.

Merino propuso tres triadas de valores. La primera, que alude a los ciudadanos, tiene que ver en primer lugar con la responsabilidad, pero una responsabilidad entendida como respuesta, por responder a los demás por lo que uno hace y dice.

El segundo que atañe a los ciudadanos es la solidaridad, una idea que supone una base de igualdad entre las personas que comparten un estado, un territorio, una cultura.

Finalmente, el tercer valor de los ciudadanos es la tolerancia, quizá el más polémico de los tres, advierte Merino. “Tolerancia no quiere decir asumir plenamente la posición del otro, de la otra, no quiere decir una aceptación plena; pero sí quiere decir comprender a lo otro, a la otra y respetar el derecho a la diferencia, respetar el derecho a la singularidad que al final del día significa exactamente lo mismo para todos los seres humanos que habitamos este planeta”, dijo.

Estos tres valores, señaló el especialista, deben ser correspondidos por otra tercia que corresponde a los representantes políticos.

El primero, es el respeto por el espacio público; el segundo atañe a la defensa de los derechos, de la igualdad, de los derechos fundamentales, y la responsabilidad.

“Una ética de nuevo de las consecuencias, no solamente una ética de la responsabilidad en el sentido del cumplimiento de una función, sino en el sentido del cumplimiento de esa función, del entorno en que esa función es reclamada y de las consecuencias que tiene el haber utilizado medios de autoridad y de poder frente al conjunto de la sociedad”.

En cuanto a los valores vinculados a la gestión pública, Merino señaló los relativos a la información y la calidad de la misma “al compromiso ético de producir esa información”, la evaluación y las consecuencias.

“No es posible construir una gestión pública que se aprecie a sí misma como democrática, si no tiene suficientes consecuencias sobre los actos derivados del ejercicio de la autoridad”, apuntó Merino.

Sin ese conjunto de elementos, concluyó Merino, será muy difícil evitar la contradicción entre una forma democrática de llegar al poder, de distribuir el poder y muy diversas modalidad de autoritarismos para ejercer el poder que acaban debilitando a su vez los valores democráticos, la confianza democrática de la sociedad y produciendo un enorme desencanto en nuestra sociedad.