Mensaje del CPC. Juan M. Portal Auditor Superior de la Federación, durante la inauguración del Seminario Internacional:

“Responsabilidad pública y rendición de cuentas: Una exigencia democrática”
Distinguidos miembros del presídium;
Estimados asistentes a este seminario internacional:
Agradezco la oportunidad que se le da a la Auditoría Superior de la Federación de formar parte de los esfuerzos que lleva a
cabo la Red por la Rendición de Cuentas, los cuales están encaminados a generar condiciones adecuadas para el debate
y el intercambio de ideas, tomando en cuenta lo que pasa en otros países, con el fin de delinear principios bien sustentados
para el diseño de políticas públicas en la materia.
La Red ha mostrado su valor como instancia que aglutina distintas visiones y perspectivas en temas como transparencia y
acceso a la información, fiscalización y sistema de archivos, entre otros.
El éxito alcanzado se debe a dos factores: el primero, se refiere a la consistencia de sus metas estratégicas en el tiempo y
el segundo, como consecuencia de lo anterior, a la incidencia en el debate público, al presentarse como una voz
apartidista, sensata y equilibrada, cuyo único objetivo es resaltar, ante los políticos y la opinión ciudadana, la relevancia del
bien común para fortalecer la salud de nuestra institucionalidad y democracia.
El tema de este seminario, además de oportuno, resulta fundamental para entender, diseñar e implementar al eslabón que
se concatena en distintas fases de un proceso exitoso de rendición de cuentas: la responsabilidad pública.
A primera vista y, de manera convencional, podría pensarse que la responsabilidad pública es la parte final del proceso de
toma de decisiones; me gustaría proponer otra visión al respecto.
En términos estrictos, la responsabilidad pública debería ser una exigencia constante para los actores gubernamentales.
En general, éstos deberían responder por cada acción y decisión que lleven a cabo, sin importar a qué etapa del ciclo de
ejecución de la política en cuestión corresponda. Propongo entender a la responsabilidad pública no únicamente como un
hecho aislado, sino como un proceso. Para reforzar el sentido de responsabilidad del aparato burocrático, no basta con
evaluar y revisar acciones consumadas; lo más importante es aplicar medidas para contener o anular las condiciones o
situaciones que las originaron.

En otras palabras, para que la responsabilidad pública prevalezca en los entornos de gobernanza es necesario establecer
políticas tanto correctivas como preventivas.
Naturalmente, el debate conceptual está abierto, y el presente seminario es prueba de ello. Con seguridad, en este evento
podremos debatir cómo construir un verdadero régimen de responsabilidades de los servidores públicos que no se
constriña únicamente al componente punitivo. Propongo discutir el tema desde una visión amplia: la responsabilidad
pública como una cualidad o valor que debería caracterizar la conducta de los funcionarios públicos, y como una condición
de las instituciones gubernamentales.

Desde una perspectiva de política pública, la responsabilidad, debe ser un objetivo materializable a partir de la conjunción de estrategias que refuercen la ética de los actores gubernamentales; de mecanismos que eviten la reproducción de malas prácticas burocráticas, y por último, de sistemas de investigación y sanción de comportamientos que dañan el interés general. Estos tres aspectos constituyen, en mi opinión, la columna vertebral de una política integral de promoción de la responsabilidad en el sector público.
Si los servidores públicos se habitúan a responder por sus actos sólo de manera ex post, se generan múltiples oportunidades para que éstos se desvíen del interés público, y por lo tanto, se incrementa la probabilidad de corrupción. Remediar esta clase de problemáticas únicamente con sanciones, siempre será costoso. Adicionalmente, la falta de políticas que permitan detectar a tiempo acciones contrarias al deber público, genera incentivos para que los actores públicos reproduzcan esos comportamientos.
De ahí la trascendencia de la existencia de los sistemas de control interno, los cuales propician condiciones para reducir la probabilidad de que se institucionalicen las conductas que ponen en riesgo el cumplimiento de las metas y objetivos de los entes públicos.
El control interno, por definición, previene que la opacidad y la corrupción se inserten y aniden en el tejido organizacional. La implantación de este tipo de estrategias de gestión, ayuda a tener una mayor garantía de éxito en la implementación de las políticas públicas.
En este contexto, la responsabilidad pública no se constriñe a responder por una irregularidad en la gestión, sino, además, por no haber previsto cómo pudo haberse evitado.
Aunado a lo anterior, la promoción de la integridad de los funcionarios debe ser una constante en los programas de gobierno.
Una comprensión amplia de nuestra estructura administrativa, necesariamente nos coloca en el terreno de la ética y los valores que deben compartir los funcionarios. Tan es así que para transformar la realidad del aparato burocrático, es necesario reconstruir el sentido colectivo del deber público.
Además, afianzar a la responsabilidad pública como una condición elemental de todo acto de gobierno será un proceso de largo aliento que se deberá emprender.
Afortunadamente, las bases legales ya están puestas; resta diseñar e implementar prácticas de gestión que modifiquen a fondo los incentivos que enmarcan el comportamiento de los funcionarios.
Estimados asistentes a este seminario:

Reitero mi voluntad y deseo de que este evento cumpla con sus expectativas y que, con las conclusiones que se alcancen en las discusiones por venir, el día de hoy, se haga patente, una vez más, el valor de la Red de Rendición de Cuentas en la estructuración del debate público –ciudadano, técnico y académico- en una expresión homogénea, sólida y robusta.
Gracias por su atención.