Negro, blanco y negro. El verde y el rojo de la bandera nacional cedieron sus cromos al color del duelo. La imagen que circula en internet también muestra al águila, la serpiente y el nopal entintados de luto. El lábaro de nuestra identidad transformado en una enseña fúnebre.

En esta circunstancia, la indignación tiene un empeño civilizatorio. Una sociedad indiferente a la barbarie es una patria habitada por caníbales. Como afirma Daniel González Marín en el muro de su red: “Es una noticia horripilante para la que no hay palabras, como si un veneno se inoculara en el lenguaje y consumiera toda tentativa por comunicar el espanto, el miedo y la indignación”. El martirio de Ayotzinapa ha envenenado hasta la patria del idioma.

Otra tragedia inminente será que después de que 43 jóvenes fueron asesinados, mutilados y quemados, México siga igual, como una geografía mapeada por tumbas colectivas y restos sin nombre. El empeño del Ministerio Público es ponerle identidad y apellido a una pila de cenizas, huesos y cadáveres. Antes que exigir justicia antecede la macabra tarea de sacar de las fosas y del anonimato a una cifra espantosa de muertos.

Si la exhibición de tanta crueldad no nos transforma como individuos, como sociedad y como gobierno, de plano queda poco espacio para el remedio y la esperanza. Quemar una estación y un camión de Metrobús es una versión imbécil e ilegal de esa furia. El mayor desafío será encontrar un cauce transformador ante esta catástrofe. El peor desdén a los 43 de Ayotzinapa será preservar el actual estado de cosas, a la espera de que la barbarie vuelva al asecho.

Las reformas económicas y políticas de los últimos dos años tuvieron una narrativa en común: todos los cambios tocaron intereses muy grandes. La reforma energética sacó al poderoso sindicato del consejo directivo de Pemex. La líder sindical del magisterio acabó en la cárcel, y los maestros, en la mayor parte del país, van aceptando algunos avances de la meritocracia. Los empresarios tuvieron que digerir una controvertida reforma fiscal. Las refresqueras apechugaron con el impuesto a las bebidas azucaradas. Las televisoras ven el surgimiento inevitable de nuevos jugadores en el mercado de televisión abierta, lo mismo que el ingeniero Slim en el área de las telecomunicaciones. En temas de competencia, una nueva comisión tiene facultades inéditas para disuadir y sancionar prácticas monopólicas. Los gobernadores estatales vieron disminuidas sus potestades al perder control sobre los órganos electorales locales y disminuir su influencia en los institutos de transparencia. Cada uno de estos grupos, desde empresarios hasta sindicalistas, duopolios, monopolios y gobernadores acataron las nuevas reglas y los nuevos tiempos.

Sin embargo, a los políticos corruptos no se les tocó ni con el pétalo de una reforma o una acción judicial. Como sostiene Ricardo Raphael, una sociedad susceptible a la corrupción es una sociedad susceptible al crimen. El ecosistema de impunidad que permitió el despegue de la carrera criminal de José Luis Abarca en el PRD es el mismo que protege las corruptelas más ordinarias de personajes como el multidenunciado delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo. Si Los Chuchos quieren ir más allá de administrar su crisis interna, las biografías de varios de sus correligionarios ofrecen la oportunidad de demostrar la sinceridad de su compromiso en contra la impunidad.

Si el Presidente Peña Nieto quiere hacer lo mismo, las circunstancias le ofrecen una ocasión inmejorable. Si Arturo Montiel es requerido por la justicia internacional por la retención ilegal de sus hijos con una ciudadana francesa, las autoridades mexicanas deberían cooperar proactivamente con la Interpol. El caso ofrece una oportunidad perfecta para demostrar que Peña Nieto busca forjar la entereza de un régimen donde gobierna la ley. Esto no se llama cacería de brujas, sino la fundación de un Estado donde el Derecho sea la regla y la impunidad la excepción.

@jepardinas

Fuente: Reforma