Open data es el término en ingles del que parte todo el planteamiento del Gobierno Abierto (Open Goverment). Si le hacemos caso a Andrés Hofmann la idea misma aún está en proceso de construcción como política pública (La promesa del gobierno abierto, 2013).

Por ello hablar de ello, incluso entre los especialistas, es más un conjunto de propuestas e interrogantes que de hechos concretos y respuestas confiables. Tenemos ya, por decirlo así, el discurso del gobierno abierto pero muy pocas evidencias de su viabilidad a la mirada del ciudadano común.

Acudiendo, para contextualizar un poco, al ya clásico planteamiento de Karl Popper, de la “sociedad abierta”, es decir la civilización occidental que deja atrás el tribalismo, como ideal (no utopía) de una sociedad democrática, puesto que “tiene su punto de partida en Grecia”, nos dice en el famoso capítulo 10 que se titula igual que el libro, en clara referencia al demos y el kratos; es decir una sociedad en la que el poder (gobierno) está o emana, para no ser tan pretensiosos, del pueblo.

Por eso es que en el prólogo del libro citado al principio, José Miguel Insulza, afirma que el “Gobierno abierto es una política pública que agrupa los conceptos de transparencia, participación y colaboración de los ciudadanos.”

Así es que la iniciativa mundial de la llamada Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), cuya cumbre se acaba de realizar en nuestro país esta semana, por ser el que la presidió este año, nos permite proponer una mirada autocrítica y preguntarnos lo que planteamos en el título de esta reflexión.

Considero que desde el Pleno del INAI, centralmente el Comisionado Joel Salas, han realizado sinceros esfuerzos para impulsar el gobierno abierto en México en los últimos meses. Aprovechando en cierto sentido el ser cabeza del llamado Sistema Nacional de Transparencia (desde mi punto de vista con un diseño centralista), no sin subordinar un poco, a los órganos garantes locales, pusieron en la agenda, con diferente intensidad (le llaman “voluntad política”), de los gobiernos de las entidades federativas el tema.

Si tomáramos como una especie de informe de esto último la colaboración de Salas, por cierto según mi modesta opinión ubicada marginalmente, en el libro Gobierno Abierto. El valor social de la información pública, coordinado por Isa Luna Pla y José Antonio Bojórquez, podemos decir que la perspectiva no es muy optimista.

Me refiero a que el Comisionado habla de “14 ejercicios locales” (es decir en menos de la mitad de los estados) que iniciaron en dos momentos (marzo y junio del presente año) y cuyo efecto práctico digamos más notorio sería la “instalación de un “Secretariado Técnico Local”; quien tendría que elaborar un “Plan de Acción Local”. Pero esto no ha salido, por lo menos en el caso cercano que conozco en Tlaxcala, de los círculos de las instituciones supuestamente interesadas: órgano garante y gobierno, porque a la “sociedad civil” no la ubico. Comportamiento precisamente “tribal” me atrevería a decir subiéndome a los hombros de Popper.

A pesar de ello tenemos que reconocer que el esfuerzo es más que loable, hasta heroico me atrevería a decir, si consideramos, sin ninguna fobia, sino objetivamente que el principal enemigo de la transparencia (y por lo tanto del gobierno abierto) en México es quien ocupa la presidencia de la república.

Particularmente el libro mencionado es una muestra de que hay en México gente realmente preocupada por hacer avanzar este propósito, aunque de repente parece que olvidan un poco el ingrediente básico que es la transparencia gubernamental. Resulta irónico que Alejandra Lagunes, diga en el prólogo que “…las TIC se convierten en herramientas indispensables para promover cambios en la sociedades…” y su estrategia de “peñaboots” la contradiga todos los días.

Como sea nos parece, por lo menos a partir de nuestra lectura de exploración que este libro puede empezar a dar respuesta a la interrogante planteada y hasta ahora sería negativa. No, indudablemente que no, México no tiene un gobierno abierto y su encaminamiento hacia él hasta ahorita es sólo en el discurso (demagógico diría) y no en los hechos.

Pongamos para finalizar sólo un ejemplo. Cesar Nicandro Cruz-Rubio en su publicación Hacia el gobierno abierto: una caja de herramientas (OEA) dice que, precisamente como tal, la “Co-creación se entiende como un proceso sistemático de creación de nuevas soluciones «con las personas, no solo para ellas» con un alcance más amplio que permita sumar a más ciudadanos…” A simple vista esto no ocurre en México, pero repito habría que revisar lo que se plantea al respecto en libro coordinado por Luna Pla y Bojórquez a quienes hay que felicitar sin ambages por el tino.

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