Faltaban solo unos pocos días para que Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional, entregara la Presidencia de México a Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, partido opositor que permaneció en el poder por más de 70 años, luego de dos gobiernos panistas consecutivos. Pero antes de dejar el poder, el gobierno anunció el lanzamiento del Programa Justicia Efectiva para Todos, que incluye la posibilidad de que los afectados por un delito puedan seguir por internet, luego de una identificación biométrica, los avances de las “averiguaciones previas”, es decir, de las indagaciones preliminares necesarias para iniciar un juicio penal ante el Ministerio Público. Esto incluye un sistema de alertas que se activa cuando los procesos se estancan, permitiendo mayor agilidad e información para las víctimas1.
Este es el número 14 de 36 compromisos que forman parte del Plan de Acción Ampliado (PAA) presentado por México ante la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership – OGP) y elaborado a partir de las propuestas de 8 organizaciones de la sociedad civil (OSCs) mexicanas. El PAA es un documento con compromisos, responsables y fechas de cumplimiento específicos elaborado entre el gobierno mexicano y el conjunto de OSCs, sin embargo su redacción no fue sencilla pues requirió que las organizaciones reclamaran su lugar en la formulación.
Para leer el estudio completo da México: “Reformulando el plan de acción a partir del diálogo”.