Ante la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto de realizar una investigación para determinar si existe o no conflictos de interés en las obras públicas otorgadas a las empresas a las que la primera dama, Angélica Rivera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgeray, y mandatario adquirieron alguna propiedad, Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que mientras no se modifique la legislación en la materia, esto de nada sirve.

“Con una ley que no sirve para investigar al Ejecutivo. Si algún defecto tiene la Ley de Responsabilidades en vigor es precisamente la imprecisión en el tema de conflicto de intereses, esto está regulado en el Artículo 8 de la ley; el conflicto de interés solamente verifica la legislación actual si y sólo si el funcionario interviene directa y personalmente en la asignación de un contrato”.

Y de no intervenir personal y directamente en el tema de asignación de contratos, el presidente quedará a salvo. “Si alguno de sus subordinados da el contrato, como ha sucedido en este caso a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para ser precisos, jurídicamente, técnicamente hablando que el presidente está perfectamente a salvo; también es cierto que políticamente hablando no lo está”, declaró Mauricio Merino en el espacio de “Atando cabos”.

Mientras no se modifique la legislación en materia de responsabilidades administrativas en México, la cual es muy endeble, permisiva, y por lo tanto genera espacios enormes de discrecionalidad, podrán declarar sus intereses; pero mientras no intervengan personal y directamente en la asignación de recursos de nada sirve.

Por lo que se tiene un problema muy serio en este momento, y el discurso en el tema del conflicto de intereses fue uno político electoral sin matices en donde el presidente “decidió patear hacia adelante el problema”; en opinión del investigador del CIDE, seguramente ganará tiempo, pero ni remotamente está tocando el corazón de esta crisis de confianza que vive el país.

En ese sentido, el investigador del CIDE lamentó, primero, la frase franca de “hago votos porque se apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción” porque si no se ha aprobado es porque el propio presidente no lo ha liberado.

Segundo, que se utilice la idea de la colaboración con el sector privado; “esto de llamar a las cámaras, a las organizaciones, a seguir discutiendo un tema que ya está suficientemente discutido, lo que se tiene que hacer es pasar a la acción urgente”.

Además de que se pida prestada legitimidad buscando un panel de expertos para que revise la investigación que haga la Secretaría de la Función Pública cuando es en realidad desde el propio gobierno donde se tendría que tener la mayor audacia para enfrentar el que ha sido ya en este momento el mayor problema del siglo XXI mexicano. “Es muy lamentable lo que estamos viviendo”, concluyó Mauricio Merino

Fuente: Grupo Fórmula