Desde hace un par de años, un grupo de organizaciones civiles hemos impulsado ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados una iniciativa para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), la cual fue aprobada el pasado 3 de marzo.

La propuesta, que contó con un respaldo casi unánime de más de 400 votos, busca modificar el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para evitar que continúe la proliferación indiscriminada de megaproyectos extractivos en estas reservas naturales que generan efectos nocivos al medio ambiente y a la salud de las poblaciones que lo habitan. Un esfuerzo que, al parecer, no ha permeado al Ejecutivo Federal, pues el pasado 19 de mayo, en su conferencia matutina, el presidente cuestionó que dónde estaban los “pseudoambientalistas” que critican sus obras insignias, pero que no dijeron nada con las concesiones mineras otorgadas dentro de los polígonos de las áreas naturales protegidas.

Pero esta no es la única prohibición que estamos buscando diversos grupos ambientalistas. Desde 2013, posterior a la promulgación de la reforma energética, diversos grupos y organizaciones ambientalistas hemos estado buscando que se prohíba el fracking. Por eso, recibimos con buenos ojos el que el presidente se pronunciara en contra del fracking desde que fuera candidato a la presidencia. No obstante, la prohibición legal del fracking sigue pendiente y, mientras tanto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) sigue otorgando permisos de exploración en yacimientos no convencionales mediante el uso de esta técnica, ya que la reglamentación vigente lo permite.

En diciembre del año pasado, la Alianza Mexicana contra el Fracking divulgó un estudio en el que demuestra que Pemex ha realizado fracking durante la administración de López Obrador, contrario a lo que su director reporta al presidente y en desacato al compromiso número 75 del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Los datos ahí están, con información pública gracias a solicitudes de acceso a la información, pero el presidente los puso en duda. Por lo menos, en nuestro caso, queda claro en dónde andábamos.

La prohibición del fracking es importante porque es una actividad que no sólo viola derechos humanos como el acceso al agua, a la vivienda, al medio ambiente sano o a la tierra y el territorio, sino que exacerba los impactos negativos de la actividad petrolera, tanto los ambientales como los sociales y económicos. Por eso la importancia de buscar su erradicación y que se discutan las ocho iniciativas para prohibir el fracking que se han elaborado desde el poder Legislativo. Pero las propuestas legislativas están congeladas y desde el Ejecutivo no hay siquiera una propuesta salvo la promesa de no realizar esta actividad.

En otros momentos hemos visto la gran determinación del presidente para hacer propuestas legislativas que, si bien han tenido sus reveses, al menos han sido promulgadas. Por ejemplo, las reformas a las leyes de Hidrocarburos y a la de la Industria Eléctrica para revertir la reforma energética, o el Decreto presidencial para prohibir el glifosato y la siembra de maíz transgénico. La oportunidad de incluir la prohibición del fracking en la propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos ya se perdió y las propuestas legislativas para tal efecto están congeladas.

Sin un documento que establezca formal y legalmente la prohibición del fracking seguirán otorgándose permisos para que las empresas petroleras, incluida Pemex, puedan seguir haciendo exploración y consecuentemente extracción de hidrocarburos no convencionales mediante esta técnica nociva que hoy, además, cobra mayor relevancia debido a que las emisiones fugitivas de metano contribuyen de manera significativa a acelerar el calentamiento global y la crisis climática, que esta extinguiendo la biodiversidad. Por eso, hoy más que nunca es primordial que los instrumentos de conservación como las ANPs sean realmente efectivos y eso implica expulsar cualquier actividad extractiva de su seno.

Si se pudo un decreto presidencial en contra de los transgénicos y del glifosato que reconoce la prioridad a la protección de bienes comunes, se puede entonces un decreto para prohibir el fracking y otro para prohibir la minería en ANP y, así, proteger el agua y la biodiversidad, dos elementos constitutivos del bienestar planetario. Todo parece indicar que, si quiere, el presidente puede prohibir la minería en las ANP y el fracking en todo el territorio nacional. Decrétese.

* Francisco Reynoso (@_trashumante) es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.