Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian)

Se anunció en 2012 y se implementó ya en 2013; pero no es sino hasta mayo de 2014 que –silenciosamente– se publicó el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Nadie cuestiona la necesidad de prevenir el delito. El punto es cuál es la manera más efectiva de hacerlo. Además, dado que estamos hablando de recursos públicos destinados a poner en marcha acciones a nivel local (guiadas por el gobierno federal), no queda más que tratar detectar las áreas de oportunidad que saltan a la vista.

Problemas de definición de objetivos

Para empezar, díganme si me equivoco, pero el fin último de un programa nacional de prevención de la delincuencia y la violencia debería ser aunque sea en el mediano plazo la reducción de los delitos y la violencia. Si vamos al texto para observar el objetivo del Programa, tenemos que es “atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y a la delincuencia”. El problema aquí es fundamental, porque aún cuando lo que sugiero está implícito, la reducción de los delitos y la violencia tampoco es uno de los objetivos específicos del Programa. ¿Cuáles sí los son?:

1. Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias.

2. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria.

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana.

4. Fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales/delegacionales, entidades federativas y federación.

5. Asegurar una coordinación efectiva y sostenida entre dependencias y entidades federales para diseñar, implementar y evaluar procesos de prevención social.

Disculpen la insistencia, pero tal parece que estamos ante un programa público de prevención social de la violencia y la delincuencia que no se propone reducir índices delictivos ni de violencia. A esto podría responderse que pretender disminuir la comisión de estas conductas desde el nivel federal tratándose de delitos del fuero común es un despropósito, pero este punto lo abordaremos un poco más adelante.

La segunda cuestión es la siguiente: ¿qué problema queremos resolver exactamente? Porque como ya vimos, el objetivo general del programa es bastante amplio: “atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y a la delincuencia”. Si la encomienda es de por sí complicada donde estos factores están identificados con precisión, puede convertirse en una misión con pocas probabilidades de éxito donde no están debida y sólidamente detectados.Hasta donde nos habíamos quedado a principios de año, la muy opaca metodología de la Secretaría de Gobernación consideró 21 “factores de riesgo, precursores o detonadores de la violencia y la delincuencia que amenazan la seguridad de las personas y de las comunidades en el mediano y largo plazo^[1]” para elegir las demarcaciones prioritarias para el Programa. En aquel entonces desde México Evalúa expusimos nuestras dudas en ese respecto en el sentido de que bajo los propios criterios oficiales, en la selección simplemente no están todas las que son (prioritarias). Es decir, quedaron fuera demarcaciones como Chalco, en el Estado de México, pese a que registraba una mayor presencia de dichos factores considerados relevantes por la metodología oficial que otros municipios que sí fueron incluidos, como Mérida, Yucatán.