El 7 de julio de 1859, en medio de la guerra civil, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Manuel Ruíz y Miguel Lerdo de Tejada publicaron un manifiesto del gobierno constitucional a la Nación. Vuelvo a leer ese texto –citado mil veces entre historiadores—con escalofríos. Y aunque reconozco que citar clásicos para aludir a los problemas del presente es un recurso antiguo, no puedo evitar la tentación.

Decían que “una de las más urgentes necesidades de la República es la formación de códigos claros y sencillos sobre negocios civiles y criminales y sobre procedimientos, porque sólo de esta manera se podrá sacar a nuestra legislación del embrollado laberinto en que actualmente se encuentra, uniformándola en toda la nación (…) y poniendo el conocimiento de las leyes al alcance de todo el mundo”.

Escribían que “en materia de instrucción pública el gobierno procurará, con el mayor empeño, que se aumenten los establecimientos de enseñanza primaria gratuita, y que todos ellos sean dirigidos por personas que reúnan la instrucción y moralidad que se requieren para desempeñar con acierto el cargo de preceptores de la juventud, porque tiene el convencimiento de que la instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo”.

Se dolían de que “una de las primeras necesidades de la República es, hoy, la de atender a la seguridad de los caminos y las poblaciones, para extinguir a los malhechores que se encuentran en unos y otras, no sólo por los inmensos males que la subsistencia de esa plaga causa a la nación, paralizando el movimiento de su población y riqueza, y manteniendo en constante alarma y peligro la vida y los intereses de sus habitantes, sino porque ella desconceptúa al país cada día más y más en el exterior”.

Defendían “la emisión de las ideas por la prensa, (que) debe ser tan libre como es libre el hombre en la facultad de pensar”. Y en cuanto a la hacienda nacional, pensaban que debían “hacerse reformas muy radicales, no sólo para establecer un sistema de impuestos que no contraríe el desarrollo de la riqueza (… sino), sobre todo, para crear grandes intereses que se identifiquen con la reforma social, coadyuvando eficazmente a la marcha liberal y progresista de la nación”.

“Para completar las reformas más urgentes respecto la hacienda nacional —seguían en otro párrafo— es indispensable que se proceda al arreglo de las oficinas y empleados de la administración pública. (…) Sobre este punto, el gobierno tiene la idea de disminuir el número de oficinas y empleados a lo puramente necesario, ni más ni menos, simplificando cuanto sea posible el actual sistema de contabilidad”. Y añadían que “para la provisión de los empleos, el gobierno atenderá, sobre todo, a la aptitud y la honradez, y no al favor o al ciego espíritu de partido, que tan funestos han sido y serán siempre en la administración de los asuntos públicos”.

“Respecto (…) de la agricultura, de la industria fabril, de las artes, del comercio, de medios de transporte y, en general, de todo género de trabajo u ocupación útil a la sociedad, la actual administración dará a esos objetos cuanta protección esté a su alcance, obrando en ello siempre con la mira de favorecer su incremento y progresivo desarrollo”.

“Y en cuanto a la formación de la estadística, el gobierno general (…) reunirá constantemente cuantos informes le sean posibles, para conocer bien el verdadero estado que guarda la nación en todos sus ramos; y no parece necesario recomendar la importancia de este trabajo, porque nadie ignora que sin esos conocimientos, es imposible que un gobierno proceda con acierto en sus determinaciones. Estos datos se publicarán periódicamente por medio de la prensa, porque su conocimiento no importa únicamente al gobierno, sino a todos y a cada uno de los individuos de la sociedad”.

Todo esto se escribió hace 154 años. Pero no sobra recordarlo.