El proceso de selección para conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en el estado de Oaxaca, resultó lleno de irregularidades.

Como decía el Dr. Mauricio Merino en el Sexto Seminario Internacional denominado Poder, Corrupción e Impunidad; persiste la rapiña política, las practicas clientelares siguen vigentes. Exalto que no debemos permitir que los sistemas u órganos autónomos se aparten de su objetivo, la ciudadanía no lo debe permitir.

De acuerdo a la convocatoria, la etapa de registro de participantes vencía el 28 de diciembre de 201, la información debía colocarse en una plataforma digital, fue hasta el 30 de enero del 2017 que se dio a conocer que los aspirantes fueron 33, pero no por su página oficial, sino por las redes sociales de twiter y facebook.

La primera etapa venció el 4 de enero del 2018, el día 5 de enero, sale la lista de 17 candidatos que cumplieron con los requisitos de la misma, programando su entrevista de todos el día 10 de enero. Según consta en el acta de su séptima sesión, fueron los mejores evaluados.

Sin embargo, en un acto de total contrariedad y para sorpresa de todos, el día 06 de enero del 2018, publicaron una segunda lista de 16 ciudadanos, correspondiente al grupo que había incumplido con algún requisito, programaron las entrevistas de ese bloque, el día 11 de enero del presente.

Esto contravino lo estipulado en la BASE SÉPTIMA, de la convocatoria y el numeral 7 de los “Antecedentes y considerandos” del acta de la septima sesión ordinaria del Comité, de fecha 04 de enero del 2018.

 

 

En la misma línea de irregularidades, en la convocatoria, en su BASE OCTAVA señalaba que con base a una metodología que sería pública se identificaría a los mejores perfiles, circunstancia que no se concretó, al día 15 de enero, se desconoce la metodología utilizada que ampare el puntaje obtenido de cada candidato. Si bien es cierto que en la Séptima Sesión Ordinaria, dan a conocer el puntaje obtenido, existe incertidumbre porque no se indica la ponderación de cada documento presentado.

 

 

 

 

 

 

 

Consideramos que este criterio de selección debió contar con la mayor transparencia, ya que colocaría al escrutinio público, la documentación presentada por los aspirantes.

 

 

 

 

 

 

Otro factor, la metodología, debió contener la ponderación de cada documento, y la aportación de cada aspirante en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La Plataforma no daba certeza ni otorgaba un acuse sobre los documentos que se habían agregado.

El tamaño de los archivos debería ser menor a 5MB, lo que limitaba la incorporación de archivos con todos los documentos.

Por otra parte, los únicos documentos a evaluar de  manera cualitativa, eran el currículo y la exposición de motivos;  los demás eran cuantitativos, es decir, cartas bajo protesta de decir verdad, declaraciones 3 de 3 y documentos oficiales.

Con esto se quebrantó, el principio de igualdad en la competencia, se desconoce  la ruta del puntaje obtenido, la discrecionalidad jugo nuevamente.

Es hasta el día 15 de enero del 2018, 18 días después, que suben los documentos entregaos por los aspirantes, fecha en que ya todos fueron entrevistados y un día antes de que se venza el plazo para elegir a los 5 integrantes del Comité de participación Ciudadana.

Siguiendo con la letanía de irregularidades, conforme al artículo 18 fracción II inciso e) de la Ley del sistema Estatal de Combate a la Corrupción, se debió invitar a investigadores, académicos, a organizaciones de la sociedad civil y a especialistas en la materia; no sucedió así. En la mesa de entrevistas brillaron por su ausencia, los únicos asistentes fueron los integrantes de la comisión, una cámara de video y dos más de la prensa.

 

Aunado a esto, las entrevistas se realizaron en la sede del Congreso local, restando autonomía a la Comisión ya que la puerta del salón, estaba resguardada por personal del Oficial Mayor del Congreso.

 

Con tanta irregularidad, se violenta la legalidad del proceso, al incumplir los plazos, al entrevistar a ciudadanos que ya estaban descalificados y al no fomentar la participación ciudadana y transparencia. Se terminó por hacer caso omiso a lo que establecen la Ley General y Estatal en cuanto a los principios de honestidad, legalidad y transparencia.

 

Las entrevistas se hicieron públicas a través de la plataforma Youtube. Y promocionadas en redes sociales, a partir del 15 de enero.

La clase política buscando guardaespaldas para tapar sus acciones y omisiones presentes y futuras, apostando a la impunidad. Sus intermediarios siguen sin entender el daño que le hace la corrupción a Oaxaca, llevamos más de 6 años con presupuestos historicos y las mejores condiciones de vida de los oaxaqueñxs sigue pendiente.