Las democracias no pueden funcionar si no existe confianza de la ciudadanía en que los gobernantes utilizan los recursos públicos de manera honesta, transparente y eficaz. En efecto, si hay algo que erosiona la legitimidad de las instituciones es precisamente la existencia de corrupción y, por lo tanto, de una percepción pública negativa en torno a las y los políticos que tienen el mandato de representar al interés nacional.
En México, se cuenta con dos instituciones que tienen como mandato, por un lado, garantizar el derecho constitucional a la información, y por el otro, llevar a cabo la fiscalización de la Cuenta Pública Federal, esto es, de todos los recursos federales erogados por cualquier entidad pública o privada.
El primero de ellos es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); y el segundo es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un órgano que forma parte de la estructura orgánica de la Cámara de Diputados y desde el cual se ha iniciado la construcción de una serie de evaluaciones que buscan determinar, no sólo la adecuada aplicación de los recursos, sino la eficacia y pertinencia de las políticas y los programas gubernamentales.
Leyes a debate
Hay actualmente dos iniciativas de ley, una impulsada por la Comisionada del IFAI, Jacqueline Peschard, y la otra por el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, con el propósito de complementar y fortalecer el marco institucional para la rendición de cuentas y la transparencia en el país.
Uno de los puntos clave de estas iniciativas se encuentra en la construcción de un Sistema Nacional de Información, el cual permitiría homologar la dispersión de criterios que existen tanto en entidades como en los municipios y delegaciones del Distrito Federal, en materia de acceso a la información.
La otra, busca dotar a la Auditoría, entre otras facultades, de la capacidad de incidir efectivamente en el diseño y orientación de las políticas públicas, así como en su capacidad de revisión de las cuentas públicas de gobiernos estatales y municipales.
La magnitud
Es evidente que en México hay una corrupción generalizada en prácticamente todos los niveles y órdenes de gobierno. En el Índice de Corrupción de Transparencia Mexicana se hace constar vía una encuesta nacional, que en el país se cometieron al menos 200 millones de actos de corrupción en el año 2010, tres millones más que en 2007, año en el que se identificaron 197 millones de actos corruptos.
En 2010 el costo promedio de las mordidas fue de 165 pesos, una cifra casi 20% mayor que la que pudo identificarse en el año 2007. En esa misma lógica debe decirse que el costo de la corrupción representó hasta 14% de los ingresos de los hogares, mientras que para los más pobres, las mordidas para acceder a trámites y servicios representaron hasta 33% de sus ingresos.
Debe destacarse que de acuerdo con el análisis de Transparencia Mexicana, el cual analiza el acceso a 35 trámites en los distintos órdenes de gobierno, 14 de ellos muestran reducción en los niveles de corrupción identificados, mientras que en 21 casos los niveles de corrupción empeoraron.
La rendición de cuentas y el desarrollo
Uno de los mecanismos más eficaces para evitar la corrupción es el desarrollo de mejores instrumentos de rendición de cuentas que permitan tanto el control del Presupuesto por parte del Congreso, como la determinación de la eficacia y pertinencia de los programas públicos vía la evaluación de objetivos, metas e indicadores de impacto efectivo.
Desde esta lógica, la ASF ha llevado a cabo evaluaciones que permiten mostrar que en materia de cumplimiento de los derechos sociales hay importantes estancamientos y, en otros casos, incluso retrocesos.
Uno de los casos más significativos se encuentra en el Programa Nacional de Vacunación, el cual entre los años 2007 y 2011 tuvo una disminución de cobertura promedio anual de 0.4 por ciento. Vinculado a ello, uno de los probables efectos identificados es que el número de enfermedades prevenibles por vacunación creció en 37.1% en un solo año, pasando de 16 mil 198 casos en el año 2010, a una cifra de 22 mil 212 casos en 2011, mostrando con ello la relevancia de garantizar la progresividad de la cobertura.
Otro caso emblemático es la deficiente cobertura en materia de servicios de detección temprana del cáncer de mama, pues únicamente se tiene un alcance del 4.7% respecto del universo total que debería ser cubierto. Al respecto debe señalarse que la tasa de mortalidad por este padecimiento tuvo un incremento promedio anual de 1.3% entre los años de 2000 y 2010, pasando de una tasa de 15.1 decesos por cada cien mil mujeres mayores de 25 años, a una de 17.4 decesos.
Débil avance en combate a pobreza
La ASF practicó también una evaluación relativa a las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias del Programa Oportunidades. El resultado es contundente: hay 1.6 millones de familias que llevan seis años recibiendo apoyos del programa; de ellas, 87.9% mantuvieron su nivel de pobreza extrema; 6.4% pasó al nivel diferenciado de apoyos, es decir, pasó al nivel de pobreza multidimensional moderada; mientras que únicamente 5.7% de las familias lograron superar la pobreza.
Las malas noticias no se quedan ahí, pues a pesar del incremento de los recursos destinados a DICONSA, instancia responsable de fortalecer el abasto de productos de la canasta básica a localidades de alta o muy alta marginación, en el periodo de 2006 a 2010, este organismo operó en situación de “quiebra técnica” al presentar pérdidas de hasta dos terceras partes de su capital social.
La ASF también detectó que hay constantes duplicidades entre programas que son mutuamente excluyentes, asunto de la mayor relevancia, porque hay nada menos que 44.7 millones de beneficiarios en los 16 programas que tienen la responsabilidad de integración regular y transparente de padrones.
Al respecto, la conclusión de la ASF es de llamar la atención: “La Sedesol careció de un programa calendarizado para la actualización de la base de datos del padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social, y no se acreditó que el padrón permita asegurar la equidad y eficacia de los programas; promover la corresponsabilidad por parte de los beneficiarios; hacer eficiente el otorgamiento de servicios y subsidios; y transparentar la operación de los programas”.
El recuento de los daños
Derivado de las acciones de Auditoría de la ASF, entre los años 2001 y 2009 se ha logrado el reintegro de 44 millones 568 mil 924 pesos; es decir, un monto aproximado al presupuesto anual asignado en 2012 a los Programas Oportunidades y Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Asimismo, de acuerdo con los más recientes Informes sobre la Cuenta Pública, entre los años 2010 y 2011, la ASF logró la recuperación de siete 786.6 millones, lo que, sumado a la cifra de la década anterior, hace un total de más de 52 mil millones de pesos.
Fuente: Excelsior
