Fundar, Centro de Análisis e Investigación, México Infórmate,Artículo 19, Gesoc, Cultura Ecológica, el Centro de Contraloría Social del CIESAS y el Colectivo por la Transparencia presentaron hoy ante el Senado un análisis de las iniciativas de reformas constitucionales en materia y acceso a la información que han presentado los legisladores del PRI, PVEM, PAN y PRD.
El documento que contempla 14 puntos, pretende enriquecer la propuesta legislativa para fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y dotarlo de plena autonomía; sin embargo, también advierte de algunos riesgos, por ejemplo, en el proceso de nombramiento de las y los comisionados.
La propuesta enviada al legislativo por el presidente electo Enrique Peña Nieto no contempla modificar el actual método en el que el Ejecutivo envía al Senado de la República su propuesta de comisionados, y este órgano sólo tiene la facultad de objetar el nombramiento.
Lo que las organizaciones proponen, señaló Haydeé Pérez, de Fundar, es que los candidatos a ocupar un lugar en el IFAI acrediten la especialización en la materia a través de una evaluación elaborada por un ente externo y que sea el Poder Legislativo el que valide a las personas que integrarán dicho órgano.

Igualmente, la representante de Fundar hizo énfasis en que es necesario que se transparente todo el proceso de nombramiento de los comisionados.

Otro de los aspectos a considerar en la reforma que se discute actualmente en el Senado, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe estar exenta de ser revisada en sus resoluciones por parte del IFAI. Esto sustentado en el que el artículo sexto constitucional precisa que el órgano garante en materia de transparencia obliga a todos los poderes, incluido el máximo tribunal, según explicó Alejandro González, de Gesoc.

Las organizaciones civiles consideraron fundamental evitar retrocesos en materia de transparencia y garantizar que las resoluciones del IFAI sigan siendo definitivas e inatacables para las autoridades.

“Nos oponemos a que la administración pública federal, a través de la Consejería Jurídica, o los presidentes de las cámaras de diputados y senadores y de los órganos autónomos, puedan presentar recursos para controvertir las resoluciones del IFAI en materia de seguridad”, coincidieron en señalar.

También advirtieron sobre la facultad que se le pretende dar al IFAI para que revise las decisiones de los órganos garantes locales.

“Uno de los puntos centrales que venimos a solicitarle a los Senadores es el cómo fortalecer los órganos garantes de las entidades federativas. No se puede asumir que con la autonomía del IFAI y al crear un ‘súperIFAI’ se puedan atacar todos esos vacíos, todos esos retrasos, esa cultura de opacidad que todavía reina en las entidades federativas”, dijo Darío Ramírez, de Artículo 19.

La propuesta es que a los órganos estatales se les dote de autonomía de gestión y presupuestaria, se asegure un proceso de nombramiento de sus comisionados que garantice su especialización, dotarlos de facultades para promover la cultura de transparencia, capacitar a los servidores púbicos y evaluarlos.

En el análisis se advierte que hay marcos normativos que deben ser modificados a través de la reforma, como el Código Fiscal de la Federación, el Código Federal de Procedimientos Penales, laLey de Instituciones de Crédito y la Ley Minera, pues son opuestas a varios de los preceptos que se encuentran establecidos en el artículo sexto constitucional.

De entrada, consideran, es necesario incorporar un principio constitucional para que los sujetos obligados a publicar información también tengan la obligación de generar aquella que les corresponde en el ejercicio de sus atribuciones, y es que muchos de los sujetos obligados argumentan la inexistencia de la información.

El director e Gesoc, Alejandro González, dijo que algunas de las organizaciones participantes en el análisis coinciden en señalar que los sindicatos y las organizaciones civiles que reciben recursos públicos también sean sujetos obligados, así como los fideicomisos públicos.
La coordinadora de México Infórmate, Emilene Martínez, consideró la necesidad de revisar si el IFAI debe tener la facultad de protección de datos personales o si sólo se limita a la protección del derecho a la información. Igualmente urgió a desarrollar un marco legal en materia de archivos.

Luego de presentar su análisis ante los medios, los representantes de las organizaciones civiles acudieron al Senado y entregaron personalmente el documento al priista Raúl Cervantes (PRI), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y al perredista Benjamín Robles, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos.