El pasado 12 de junio se dieron cita en el Senado de la República integrantes de 20 fiscales anticorrupción de los estados con integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Durante la reunión se puso sobre la mesa la necesidad de definir una política criminal anticorrupción que pueda ser de observancia general en todas las entidades del país.

Llama la atención que a pesar de que las fiscalías anticorrupción forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), no se habla de las propuestas para las fiscalías como insumos estratégicos para el diseño de la Política Nacional en la materia. Es fundamental que todas las acciones de política que se diseñen para fortalecer el trabajo de las fiscalías sean consistentes con los esfuerzos que se impulsen desde las otras instituciones que forman parte del SNA. Para eso se dio vida a un sistema, que busca coordinar todos los esfuerzos de combate a la corrupción.

Los retos para las fiscalías están centrados en la coordinación con las dependencias que integrarán los expedientes para atender casos de corrupción por la vía penal. También se requiere capacitación y un esquema de profesionalización que garantice que los funcionarios públicos cuenten con las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo, así como garantizar la autonomía de quienes se encargan de perseguir delitos de corrupción.

Todo esto puede hacerse si el Comité Coordinador del SNA trabaja en conjunto la política nacional anticorrupción, considerando los retos que cada instancia tiene para dar los mejores resultados. A pesar de lo atractivo y de los bonos políticos que puede traer impulsar una nueva reforma, no se necesitan más cambios constitucionales para poner en marcha una estrategia que ataque de frente la corrupción que aqueja a México. Lo que sí se requiere es la voluntad para dotar de los recursos materiales y humanos necesarios para poner en marcha las estrategias de combate a la corrupción que se aprueben desde el Comité Coordinador.

Preocupa que se siga pensando que más reformas constitucionales sean la solución. El tiempo pasa y es día que no llegan propuestas de acciones claras y concretas. Es urgente pasar a la implementación y con el marco legal que ya se tiene diseñar las estrategias, manuales y políticas que sean necesarias para transformar la realidad del país.  

Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas