Después del escándalo de la red electoral descubierta en Veracruz, los integrantes del Pacto por México se vieron obligados a firmar un adéndum de 11 puntos que pueden dividirse en 2 bloques temáticos. En el primero, se enumeran una serie de compromisos enfocados en garantizar condiciones de equidad y transparencia en el manejo de programas sociales, dentro del contexto de los procesos electorales que se realizarán este año en 14 entidades del país.
En este listado, por primera vez en el Pacto, se habla de la participación de la sociedad civil, pero lo suscriben a través de la creación de instancias en las cuales organizaciones especializadas en transparencia, auditen, revisen y emitan opiniones sobre el funcionamiento de los programas sociales y participen en observatorios ciudadanos enfocados en el ejercicio del gasto de los gobiernos estatales y la actuación de gobernadores en contextos electorales. Nada se dice sobre el efecto vinculante de esta participación.
Si bien es importante que por primera vez los partidos firmantes del pacto acuerdan un espacio a la sociedad civil, aún no se ha hecho bajo el enfoque de rendición de cuentas tan mencionado en los trabajos de la Red. Lo que es más, en el punto específico de los programas sociales México pasó del modelo innovador de la contraloría social en la década de los noventa a mecanismos desarticulados de supervisión y vigilancia que en la práctica resultan ineficientes.
Además, según la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO) capitaneada por Transparencia Mexicana y el PNUD, solo 36% de 1548 programas sociales existentes en México cuentan con mecanismos de participación ciudadana y de este total, la mayoría se concentran en programas federales mientras que en programas estatales existen escasos mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas.
Esto nos lleva a pensar que mientras no se modifique el esquema y el enfoque sobre la utilidad de la participación ciudadana, como eje transversal de las políticas públicas, seguirán creándose más instancias cosméticas, costosas e ineficientes.
En el segundo bloque, los partidos firmantes se comprometieron a: presentar la reforma electoral en un periodo extraordinario de sesiones -lo cual incluye la propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones-, generar un Sistema Nacional de Programas Sociales y redoblar esfuerzos para que las reformas en materia de transparencia, deudas estatales y combate a la corrupción alcancen los objetivos del pacto.
En este sentido, los partidos renunciaron a la oportunidad para señalar la urgencia de aprobar el dictamen de reforma en materia de transparencia aprobada en el Senado y detenida en la Cámara de diputados por la lista de retrocesos incluidos por la bancada del PRI.
Esto siembra dudas fundamentadas sobre el verdadero compromiso de los partidos políticos y el Presidente de la República con la transparencia y el acceso a la información.
