Los nombres y cargos de aquellos funcionarios públicos involucrados en las averiguaciones previas en contra de Alfredo Beltrán Leyva deberán ser dados a conocer por la Procuraduría General de la República, ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Además, instruyó a la PGR a clasificar los nombres de los funcionarios públicos que hayan recibido sentencia absolutoria en el proceso penal federal que se les haya iniciado por la presunta colusión con la organización criminal de Beltrán Leyva, según el artículo 18, fracción II, de la Ley de Transparencia.
El IFAI informó que un particular, mediante dos solicitudes de petición de datos, requirió a la PGR el nombre y puesto de los servidores públicos municipales, estatales y/o federales. Además, el de legisladores (diputados y senadores) que aparecieran en las averiguaciones previas contra Alfredo Beltrán Leyva, entre ellas, la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/ 128/2008, y el proceso que se les siguió a esos funcionarios.
En su respuesta, la PGR indicó que la Unidad de Enlace no era el medio para solicitar información de las averiguaciones previas, por lo que le sugirió que de formar parte de alguna averiguación, acudiera directamente ante el Ministerio Público.
Ello, ya que se hallan dentro del rubro de datos personales, por lo que se encuentran catalogados como confidenciales por la Ley Federal de Transparencia y están reservados por un periodo de 12 años.
Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el IFAI. El caso fue turnado al comisionado presidente Gerardo Laveaga, a quien la PGR reiteró la clasificación y señaló que, para efectos de acceso a la información pública gubernamental, sólo podría proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal.
Al presentar el IFAI un requerimiento de información adicional, notificado por el ponente, la PGR modificó su respuesta inicial y señaló que en las averiguaciones previas instruidas contra Alfredo Beltrán Leyva no se encontraban involucrados servidores públicos.
En el análisis jurídico, Laveaga Rendón expuso que además de la SEIDO, la PGR cuenta con otras unidades administrativas que podrían conocer esa información.
Publicó El Universal.
