Para ello, remarcó en un pronunciamiento con motivo de del sexto aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se debe asegurar en todo momento la participación de las familias de las víctimas.

“Las instituciones encargadas de la búsqueda de personas, la investigación penal y la atención a las víctimas deben afianzarse. La ONU-DH subraya la relevancia de contar con estructuras y equipos óptimos, capaces de amplificar y dar sostenibilidad a los esfuerzos realizados”, sostuvo.

“Sin una institucionalidad robusta, la carga continuará recayendo indebidamente en las familias y algunos de los avances podrían revertirse o colocarse en riesgo”.

La ONU-DH consideró indispensable que las instituciones especializadas cuenten con personal capacitado, sensible al tema, con estabilidad laboral, con las garantías indispensables para el adecuado cumplimiento de sus funciones, así como con los recursos necesarios.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, consideró, debe ser una fuente de certeza, cohesión, colaboración e impulso para la búsqueda.

“Desde la ONU-DH hacemos un atento llamado para que todos los esfuerzos de actualización del Registro Nacional sean transparentes; cuenten con una metodología clara y del conocimiento público; se ajusten a la dispuesto en la Ley General y en los protocolos vigentes; se realicen con independencia, objetividad e imparcialidad; sean liderados por las autoridades especializadas en la materia; aseguren la fiabilidad, completitud, integridad y protección de la información recabada; alberguen información desagregada; eviten la revictimización, y garanticen la participación de las víctimas”,expuso.

La Oficina exhortó a que se expidan el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, el Reglamento de la Ley General y el Reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Resulta también apremiante, agregó, que se garantice el funcionamiento efectivo del Banco Nacional de Datos Forenses, del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas y del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas.
“La ausencia o la falta de operación íntegra de dichos instrumentos establecidos en la Ley General ha socavado la viabilidad de localizar a las personas desaparecidas y sancionar a los responsables del delito”, advirtió.