La única forma de detener el tráfico de influencias en el cabildeo político es con una normatividad que impulse la transparencia y que no sólo ponga candados al trabajo del lobbying, sino también a los legisladores, coincidieron politólogos y representantes de la industria.
Consideraron que tampoco es suficiente que las principales firmas dedicadas al cabildeo se apeguen a un código de ética, sino que es necesario saber quiénes son, qué intereses representan, con qué legisladores se reúnen y qué información entregan al legislativo.
Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), asegura que cuando se trata de recursos y decisiones que afectarán a toda la sociedad, como las leyes que se discuten en el Congreso, es imperativo conocer quiénes están tratando de influir en los legisladores.
“No sólo necesitamos saber quiénes son y qué tipo de intereses tienen, sino que es necesario que haya una regulación que permita saber a quién están cabildeando”. El experto en rendición de cuentas señala que los responsables ante la sociedad son los legisladores, pues fueron electos por los ciudadanos, por ello, son ellos quienes deben rendir cuentas, “pero que reciban dinero los legisladores o los gobernantes de estos grupos, es ya un acto de corrupción”.
Los cabilderos son profesionales que tienen como función proporcionar información e interlocución con los encargados de decidir, como son: legisladores, secretarios de Estado, gobernadores o directivos dentro del sector privado, para incidir en estos actores.
Su presencia en el Congreso de la Unión es más notoria cuando comienza la discusión de reformas o políticas que afectan intereses de algunos sectores por los que son contratados.
Roberto Eherman, presidente de Dynamis Consultores, firma especializada en cabildeo, advierte que en México no existe una claridad normativa respecto de ser cabildero.
“Lo que la opinión pública, los políticos, los funcionarios públicos consideran cabildeo se asemeja más bien a una actividad en lo oscurito, al tráfico de influencias, corrupción”.
Eherman dice que la normatividad del cabildeo es funcional siempre y cuando se regule la actividad del lobbying, que tiende a incidir en actos públicos o normativos. Para el también coordinador del Diplomado en Cabildeo en la Universidad Iberoamericana, no sólo se debe de regular esta actividad en el Congreso, sino también en los órganos autónomos, en los poderes Ejecutivo y Judicial.
Fernando Dworak, maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull, Reino Unido, asegura que en una democracia todos los legisladores de alguna u otra forma representan intereses, porque no existen personas neutrales ante asuntos públicos.
“En ese contexto, el problema del cabildeo es de transparencia, más allá de creer que los legisladores son agentes neutrales… Los cabilderos están siempre en el Congreso, pero el asunto es saber quién está con quién”.
Considera que es necesario transparentar los intereses del legislador, que no sólo dé a conocer su dieta, sino que dé a conocer si tiene empresas o trabajó para tal despacho o compañías, así como transparentar a los negociadores. Dworak coincide en que el actual marco legal es insuficiente. Una buena ley debería decirnos quiénes son los cabilderos, cuál es su cartera de clientes, cuánto tiempo dedica a su actividad, cuánto recibe de sus clientes y quiénes son sus informantes.
En México, el cabildeo profesional comenzó a desarrollarse en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en el Congreso y con la nueva representación de las fuerzas políticas, los cabilderos comenzaron a acercarse a los cuerpos legislativos para tratar de influir en ellos.
Empresas nacionales e internacionales de telecomunicaciones, televisión, industria farmacéutica, tabacaleras, sector automotriz, cámaras industriales y comercio contratan los servicios de estos expertos. De 2001 a 2010 se presentaron en el Congreso de la Unión 16 iniciativas para regular el trabajo de los cabilderos: 12 en la Cámara de Diputados y cuatro en el Senado, sin que se hayan aprobado.
En 2011, la Cámara de Diputados creó un registro público de cabilderos bajo control de la Mesa Directiva, al inicio de cada Legislatura. El más reciente incluye a 564 cabilderos de 81 empresas y agrupaciones de diversos tipos, y a 112 personas físicas. El pasado 15 de octubre, los diputados aprobaron cambios a su reglamento interno para restringir la labor de los cabilderos en San Lázaro, al prohibir que legisladores reciban dádivas por parte de quienes busquen influir en sus decisiones.
Los cambios también limitan a 20 personas el número de negociadores acreditados en cada una de las comisiones legislativas y establecen que legisladores, personal de apoyo de la Cámara y sus familiares no podrán hacer cabildeo.
En el Senado, Armado Ríos Piter (PRD) y Pablo Escudero (PVEM) recién presentaron por separado sus iniciativas para tratar de poner controles a la labor de cabildeo. En la iniciativa de Ríos Piter se propone definir los conceptos de tráfico de influencias y extorsión, y con base en ello sancionar a cabilderos y empresas. También incluye separar de las comisiones de trabajo a senadores que incurran en el delito de tráfico de influencias.
