Con la finalidad de otorgar las herramientas necesarias a todas las dependencias de Gobierno para aplicar la nueva Ley de Transparencia, el Ejecutivo presentó el Manual de Procedimientos de Transparencia, con lo que se busca atender las demandas de los ciudadanos, señaló el coordinador general, Guillermo Muñoz Franco.

“Facilitar la aplicación de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios para todos los sujetos obligados y servidores públicos del Poder Ejecutivo”, explicó el ex consejero del Instituto de Transparencia.

Dijo que ya sostuvieron 14 reuniones con las 18 secretarías y los más de 60 organismos públicos descentralizados, a quienes les explicaron algunas de las funciones a desempeñar y para conocer cuáles son sus obligaciones en esta materia.

Con esto se comienza a dar cumplimiento al mandato del Gobernador de ser un Poder Ejecutivo sensible, transparente y con dichas acciones llevar a la entidad a ser el estado más transparente del país y poner a disposición de los ciudadanos la información fundamental.

Muñoz Franco explicó que este manual será traducido al sistema braile para que las personas débiles visuales puedan acceder también a las acciones de transparencia, sin embargo será presentado en un par de meses más debido al proceso de traducción.

Explicó que la coordinación que encabeza se encargará de monitorear a todos los sujetos obligados del Ejecutivo para capacitarlos y profesionalizar las unidades de transparencia, así como a los servidores públicos. Además actualizar y modernizar los sistemas de información para que se contribuya al “logro de que el Estado de Jalisco sea el referente en la materia y el más transparente a nivel nacional”.

Dijo que esta política se enmarca en un “Gobierno abierto al a sociedad y que promueva la consolidación de una administración pública sensible y comprensiva de las demandas sociales” y que se articula en la “sensibilización y capacitación constante” de los servidores públicos.

Además, la apertura y colaboración hacia la evaluación realizada por las diversas organizaciones de la sociedad civil tanto locales como las nacionales encargadas de ver la transparencia fiscal, competitividad, cuestiones financieras, de información en los portales, así como las que haga el Instituto de Transparencia como órgano garante.

Agregó que también se busca rendir cuentas a la sociedad y en este caso la coordinación general de Transparencia que encabeza trabajó en el manual para orientar a los servidores públicos y cumplan a cabalidad lo que señala la nueva ley en la materia, la cual entró en vigor el pasado viernes tras ser publicada.

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