El Congreso de la Unión dio arranque al último periodo de sesiones de la LXIII Legislatura con una agenda pendiente y con proceso electoral en marcha. Ello, a decir de especialistas en la materia, pone sobre la mesa un panorama difícil para concretar acuerdos; sin embargo, las presiones por la suma de votos pueden llegar a mover la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción.
El profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Nicolás Loza, expresó que se viven momentos políticos en los que normalmente los acuerdos parlamentarios son pocos y se tramita lo básico de la agenda.
Sin embargo, dijo Loza, el clima social de desconfianza ciudadana hacia los partidos, la baja popularidad de la imagen presidencial y un impulso ciudadano manifestado, principalmente, en redes sociales a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción abre la posibilidad de una reforma importante, como lo sería al artículo 102 Constitucional.
El debate de la reforma al artículo 102 constitucional, para dotar de autonomía a las fiscalías, y para que los nombramientos del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la Fiscalía Anticorrupción recaigan en el Senado de la República y no en el titular de la Fiscalía General, se encuentra en la Cámara Alta y es impulsado, principalmente, por el PAN, el PRD y el bloque de PT-Morena.
Nicolás Loza, autor del libro Legitimidad en disputa: Zedillo, Fox, Calderón, concluyó en entrevista que: “Si no estuviéramos ante unas elecciones presidenciales, ni en una situación de tanta crítica pública al sistema político, los partidos y en general a las instituciones de gobierno, la posibilidad de una reforma importante al 102 Constitucional estaría cancelada”.
No obstante, el profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey, Jesús Cantú, advirtió que una reforma constitucional requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores que se encuentren en el pleno de ambas cámaras (la de origen y la revisora) al momento de la votación. Posteriormente, tendría que enviarse a los estados y una vez concluido todo el proceso, idealmente, comenzaría la discusión de la Ley de la Fiscalía General y el nombramiento de su titular. “Difícilmente todo el proceso va a salir (…) Aunque sabemos que se tiene la voluntad, han salido muchas cosas, pero en este clima electoral es más difícil que resulte”.
Jesús Cantú, miembro de la Red por la Rendición de Cuentas, destacó, por otro lado, que el clima electoral actualmente ya se ha apoderado de la vida política nacional y existe una gran cantidad de legisladores que ha solicitado licencia en busca de un cargo de elección popular. Ello hará que el Congreso de la Unión trabaje con suplentes y no sus propietarios…
Nota completa en: El Economista