La comisionada del IFAI María Elena Pérez-Jaén aseguró que los nombres de los deudos de las personas que fallecieron por acciones del Ejército realizadas dentro de la llamada lucha contra el narcotráfico y que recibieron una indemnización por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no deben darse a conocer públicamente por tratarse de datos personales.
Por ello, explicó en entrevista, fue que pidió que en la sesión del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que se realizó en la víspera fuera bajado un proyecto de resolución que presentó su colega Ángel Trinidad Zaldívar, en el que se proponía instruir a la Sedena a revelar estos datos.

El proyecto, dijo, era derivado de una solicitud de información en la que se le pidió a la Sedena que informara acerca de las indemnizaciones entregadas, precisando fecha y lugar dónde había ocurrido el incidente en el que perdió la vida la víctima y los nombres de los deudos que habían recibido el pago.

El IFAI, señaló, además de garantizar el acceso a la información está obligado a proteger los datos personales y en este caso al revelar las identidades de las personas que recibieron una indemnización se les infringiría este derecho, además de que se les pondría en una situación de vulnerabilidad ante la inseguridad que se vive en el País.

“Yo creo que todos estamos a favor de la apertura informativa, pero hay también partes que se tienen que proteger y en este caso son datos personales”, indicó.

El proyecto de resolución que fue presentado y que al final de la sesión se difirió para que fuera reelaborado, sostuvo, carecía de una ponderación entre los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

Además, consideró, es necesario que se cite en audiencia a los funcionarios de la Sedena para que expliquen si al cubrir las indemnizaciones se firmó algún tipo de convenio o contrato en el que los deudos pidieron proteger sus datos.

“Lo que nosotros necesitábamos era mucho mayor información y por eso le solicité al comisionado Ángel Trinidad que difiriera el asunto y que con la facultad que tenemos los comisionados de tener acceso a la información clasificada llamara en audiencia a los funcionarios de la Sedena”, indicó.

Pérez-Jaén recordó que en recursos de revisión anteriores, en los que se pidieron los nombres de los padres indemnizados por el incendio de la Guardería ABC -en el que murieron 49 niños-, así como la identidad de las familiares de militares muertos en la lucha contra el narcotráfico que también fueron indemnizados, las determinaciones del IFAI fueron proteger estos datos.

“Por esta tragedia de la Guardería ABC, en ese caso, pues los padres no querían, muchos de ellos decían que si sus nombres se daban a conocer iban a ser estigmatizados, iban a ser señalados, de que habían aceptado por parte del Gobierno las indemnizaciones, y yo creo que son situaciones que se tienen que respetar porque es una decisión de los padres”, dijo.

La comisionada indicó que en el caso discutido ayer en el Pleno, algunos nombres, como lo refirió el propio Trinidad Zaldívar en su exposición, ya son públicos porque fueron dados a conocer por la Sedena o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y en esos casos, siguiendo los criterios establecidos por el propio IFAI, deben entregarse, al ya haberse divulgado.

“Qué nombres son públicos y qué nombres no ha dado a conocer la propia CNDH, hay nombres que no ha hecho del conocimiento público y yo creo que eso hay que respetarlo”, advirtió.

Pérez-Jaén rechazó que las diferencias que se expresan en el Pleno tengan un carácter personal, pues son propias de un órgano colegiado en el que sus integrantes ponderan con criterios distintos los asuntos que se someten a su consideración.

“Estas diferencia son normales en los cuerpos colegiados, no es la primera vez que yo tengo diferencias en este sentido, no es la primera vez que pido que se difiera un proyecto o que se ha pedido que se difiera un proyecto mío”, aseveró.

Publicó Reforma.