Si las reformas que ahora se discuten en el Poder Legislativo prosperaran, el IFAI tendría facultades para abrir información en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno. Es decir, dejaría de ser un órgano ceñido al gobierno federal y podría revisar y corregir, si fuera necesario, las decisiones tomadas por todas las unidades de acceso a la información que hay en el país y enmendar la plana a los órganos garantes de las entidades. Lo haría como una última instancia inapelable para los poderes públicos, desde una posición de autonomía constitucional —como la que protege al IFE o al Banco de México— y con medios jurídicos de apremio para exigir el cumplimiento de sus resoluciones.

Hasta donde sabemos, nadie ha objetado públicamente la posibilidad de que el IFAI garantice el acceso a la información en los poderes federales. Pero algunas voces relevantes han alertado sobre los riesgos que, a su juicio, tendría el ejercicio de las nuevas facultades otorgadas al IFAI para revisar las decisiones tomadas en los estados y los municipios del país. Y entre esas voces hay, a su vez, dos tipos de argumentos: de un lado los que temen por la saturación del trabajo del IFAI y la consecuente amenaza a la calidad de sus resoluciones; y los de quienes advierten, de otro lado, una afrenta a los principios del federalismo y/o la apertura de una puerta de salida fácil para los órganos de transparencia locales.

El alegato es importante porque si no se lograra consolidar la transparencia de los gobiernos estatales y municipales se daría al traste con la posibilidad de tener una política completa y coherente de rendición de cuentas, cuya primera condición es la producción, la salvaguarda y la apertura de la información pública. De modo que es indispensable zanjar ese debate a la luz del principio de máxima publicidad que ya protege la Constitución y desde una visión de garantía plena a los derechos fundamentales que ya están conquistados. Si se aceptaran principios diferentes o se sobrepusieran a ellos argumentos como el del exceso de trabajo del IFAI o el de la escasa relevancia nacional de los asuntos que se dirimen en los municipios —como si los derechos vulnerados por los ayuntamientos valieran menos que los afectados por el gobierno federal— la reforma se vendría abajo en una regresión inaceptable. Lo que se discute no es cómo venir atrás, sino cómo consolidar esos principios en toda la república.

De aquí la importancia de insistir en dos puntos del debate: de un lado, el que reclama con razón que el fortalecimiento del IFAI no equivalga al relajamiento de las obligaciones de los gobiernos ni de los órganos de transparencia de las entidades. Tienen razón quienes aducen que la reforma no debe ser pretexto para dejar pasar esas obligaciones de producir información conforme a las atribuciones de los gobiernos locales, ni para permitir que los institutos locales sean debilitados o abandonen su responsabilidad a sabiendas de que el IFAI asumirá al final todo el peso de las decisiones. Es cierto que la reforma también debe consolidar la autonomía, los recursos y la fuerza legal de los órganos locales, pues no estamos frente a una “suma cero”, sino ante una multiplicación.

Y de otro lado, hay que revisar la “letra chiquita” de las nuevas obligaciones del IFAI en dos planos: primero, para que su trabajo no consista en lavar los trapos sucios de las entidades todo el tiempo, sino en emitir lineamientos y criterios de interpretación a los que deban sujetarse los órganos garantes de las entidades —a riesgo de verse obligados a modificar sus resoluciones previas mediante recursos que no disputen cada caso en particular, sino la vulneración del derecho fundamental a tutelar—; y segundo, para que los funcionarios morosos, tramposos y/o enemigos de la transparencia de cualquier nivel de gobierno puedan ser sancionados si destruyen, niegan u ocultan información de manera dolosa o sistemática, lo cual tendría que incluir, por supuesto, a los propios órganos garantes de la transparencia.

Por mi parte, no creo que se trate de posturas enfrentadas. No veo contradicción entre la necesidad de fortalecer a los órganos garantes de las entidades, afirmar las responsabilidades de los funcionarios estatales y municipales en toda la ruta de la información, abrir medios para impugnar resoluciones malamente escritas y otorgarle facultades de interpretación jurídica definitiva al órgano federal de transparencia. Si el debate en curso se dejara atrapar por consideraciones diferentes, no faltará quien quiera usarlas para diferir o enredar una decisión que ya cuenta con un amplio consenso y que, de aprobarse, le daría aliento a nuestra ya maltrecha democracia.

Publicado en El Universal