Miguel Castillo Martínez *
He tratado de ser un observador paciente y dejar a un lado mi punto de vista personal sobre lo que sucedió en el IFAI el pasado miércoles. La razón es porque de inmediato preferí escuchar y leer sobre las diversas opiniones de expertos, académicos, políticos, analistas de medios y de la sociedad en general en torno al tema.
Mi análisis y conclusión, de las que tal vez intuía de antemano el resultado, confirmó y revivió una antigua preocupación que he venido manifestando en muchos foros públicos y sobre lo que incluso he escrito: “si convertimos al acceso a la información y a la protección de datos personales en un tema netamente jurisdiccional lo vamos a terminar por perder”
Y es que un derecho fundamental debe garantizarse y no solamente defenderse. Afirma Ferrajoli: “Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad”. Por ello los órganos garantes deben “posibilitar la máxima eficacia” del derecho fundamental de acceso a la información y la protección de datos personales.
Bajo esa premisa, resulta relevante y preocupante, que tanta lucha por lograr el otorgamiento constitucional de la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad al órgano garante federal se haya convertido en una discusión técnica y jurisdiccional, en una batalla de interpretaciones que considero corresponden al ámbito de la corte y que hayan obviado la obligada discusión garantista sobre la necesidad de atender una legítima preocupación ciudadana en torno a la protección de un derecho fundamental reconocido en la Constitución.
Respeto las opiniones de los comisionados del IFAI, a los que incluso conozco en su mayoría y a quienes considero expertos en el tema que nos ocupa, pero no puedo dejar de afirmar que al amparo de argumentos interpretativos, la mayoría imperante perdió una enorme oportunidad de mostrar el verdadero rumbo de una institución que debe ser garantista por naturaleza y representante de la voz de la sociedad por necesidad.
Me causa cierta frustración escuchar reiteradamente que el IFAI por el que tanto luchamos por construir, hoy esté en la opinión pública como el organismo que nos dejó insatisfechos, generando toda clase de dudas y polémicas que en nada ayudan a los fines reales que persigue y que por mandato constitucional debe garantizar.
Prefiero pensar que continúa el debate al interior sobre la verdadera naturaleza que debe imperar en el órgano garante federal y que la discusión que se ha desatado por la resolución dividida en torno a la facultad constitucional, abrirá la puerta para que cada uno de los comisionados revise a fondo su actuación y posición respecto a un justo reclamo de la sociedad mexicana que no puede ser tratada como una simple opinión, sino como una justa y legítima preocupación.
Los órganos garantes tienen una enorme misión que cumplir, ser puentes eficientes entre la sociedad y el gobierno en la construcción de una nueva y mejor relación entre gobernantes y gobernados. Para ello, deben hacer uso de todas las facultades que le otorgan nuestra carta magna y actuar ante la duda porque para la certeza interpretativa nuestro sistema jurídico cuenta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Que perdía el IFAI presentando la acción de inconstitucionalidad? Estoy cierto que nada, pero no haberla presentado, me queda claro, a la luz de la evidencia social, acarreará un costo público que pudo haberse evitado y revivió una vez más la discusión sobre la ineficacia de los órganos autónomos en México.
Garantizar no es interpretar, es ser sensibles, abiertos y poner a disposición de los ciudadanos las herramientas para abrir la discusión. No hacerlo es fallar, como disentir, me parece, es un ejercicio que aporta al debate y la construcción del nuevo sistema de derechos fundamentales que merecemos todos los mexicanos.
@mikecastillo70
* El autor es ex Consejero del INAIP-Yucatán y ex presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP)
