Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el Fondo Nacional para el Fomento del Turismo (Fonatur) autorizó desmontar 20 hectáreas de manglar y selva en Tajamar, al sur de Cancún, para vaciar sobre esa misma superficie toneladas de cemento y hormigón.
La arbitrariedad enfureció a los pobladores. No era justo arrasar con ese patrimonio natural para entregárselo a las compañías urbanizadoras.
Con ingenio jurídico se presentó un amparo firmado por 10 niños contra la autorización de Fonatur. Argumentaron los menores, a través de sus abogados, que sus derechos estaban protegidos por la ley de vida silvestre destinada al cuidado del hábitat.
El juez que revisó el caso concedió el amparo contra este acto abusivo de la autoridad. Sin embargo, no solamente veló por los derechos de esos 10 niños, porque optó por resguardar a cualquier otra persona que se considerara afectada.
En otras palabras, entregó una protección general para que se beneficiara al resto de la comunidad que no había acudido ante los tribunales.
El juez argumentó que los efectos generales de ese amparo se justificaban porque la decisión de Fonatur, de haber prosperado, habría dañado notoriamente el interés social.
La reforma aprobada el día de ayer a la Ley de Amparo hará imposible, a partir de ahora, que un caso como el aquí narrado vuelva a prosperar. La nueva disposición impedirá que los jueces otorguen efectos sociales amplios a través de sus amparos. Es decir, que únicamente los quejosos van a beneficiarse. O, dicho de otro modo, las consecuencias de la decisión judicial únicamente podrán ser individuales.
Se trata de un paso atrás que le entregará todo el poder a la autoridad mientras se destruyen, como querían hacer con los manglares de Tajamar, los mecanismos de defensa del pueblo.
Con esta reforma, si un acto de autoridad es inconstitucional solo podrá combatirlo quien pueda pagarse un abogado. El resto de la población que no proceda de igual manera será, en automático, despojado de sus derechos.
Se trata de una medida que desiguala en un país de desiguales. Es una reforma que profundiza las asimetrías frente a la ley y al Estado.
Zoom: además de la desigualdad entre personas, esta reforma se pronuncia a favor del desequilibrio entre poderes. No solo se trata de entregarle todo al Presidente y su gobierno, sino también a las autoridades municipales y estatales corruptas.
Fuente: Milenio
