El Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo señaló que no fue informado ni consultado adecuadamente sobre una reforma integral al sistema estatal anticorrupción. La controversia se centra tanto en el contenido de los cambios como en la ausencia de participación de actores que forman parte del propio sistema.

La nota revela un posible déficit de parlamento abierto y coordinación institucional en la modificación de una ley anticorrupción. También permite observar las tensiones entre congresos locales, CPC y secretarías ejecutivas.