Me habría gustado titular este artículo: “Por una vez”, pero las fiestas mandan y además es probable que haya antecedentes de un procesamiento político similar al que llevó al Senado a aprobar la reforma constitucional en materia de transparencia, de manera ejemplar. No abundan las razones para aplaudir las decisiones que van tomando los políticos, de modo que cuando surge alguna —y más todavía en periodo navideño— hay que subrayarla, con la esperanza de que las buenas prácticas se multipliquen.
Por una vez, los legisladores de la Cámara alta le abrieron la puerta a las opiniones de la sociedad civil organizada, de la academia y de las instituciones públicas directamente involucradas en el tema, con el ánimo sincero de escucharlas. Por una vez, publicaron esas opiniones para evitar interpretaciones amañadas o silencios calculados y, contra todo pronóstico inicial, las reflejaron con fidelidad en el dictamen que modificó la propuesta enviada por el entonces presidente electo. Así pues, el resultado de esos análisis y de esas conversaciones produjo un dictamen realmente digno de celebración.
No estoy diciendo que los legisladores actúen siempre de espaldas a la sociedad. Estoy muy lejos de querer reproducir ese lugar común, más cercano a los politólogos de parque que a las evidencias disponibles. Pero en el procesamiento de la reforma sobre transparencia encuentro al menos tres rasgos singulares: el primero es que, a diferencia de otros tratamientos del pasado, los partidos que impulsaron el proyecto original no se plantaron como rocas para defenderlo, ni desplegaron sus recursos abundantes para justificar todos sus detalles como fuera. No ignoro el incentivo que genera la correlación de fuerzas que hay en el Senado para explicar esa actitud, pero lo cierto es que la apertura ocurrió desde un principio y que —al menos en las pláticas que pude atestiguar— no percibí ningún ánimo de atropellar la disidencia. Lo que me consta es, más bien, que la senadora Arely Gómez y un amplio grupo de senadores del PRI le abrieron las puertas del Senado a los integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas y que estuvieron dispuestos a tomar nota de nuestras objeciones, sin reparos.
El segundo rasgo singular es que la Comisión de Puntos Constitucionales —junto con los senadores que, como Raúl Cervantes, acompañaron el proceso desde sus propias posiciones— decidió hacer públicas esas conversaciones, de modo que cualquier persona interesada pudo seguirlas puntualmente. Y apenas unos días después de haberse formalizado la propuesta, los grupos parlamentarios del PAN y del PRD hicieron, a su vez, contacto personal con las organizaciones sociales, los académicos y los funcionarios que habíamos manifestado preocupaciones específicas sobre el proyecto. Para mi sorpresa, la lista de voluntades dispuestas a escuchar fue larga, aunque Laura Rojas, del PAN, y Alejandro Encinas, del PRD — junto con Armando Ríos Pitter y Mario Delgado—, se convirtieron muy pronto en interlocutores francos y confiables. No puedo asegurar quién de ellos tuvo mayor influencia o a quién debe acreditarse el mayor mérito de esta reforma, pues no conozco los detalles interiores. Pero lo que subrayo es que, por una vez, la competencia no se dio para avasallar de un lado o bloquear del otro.
El tercer rasgo distintivo vino de la propia sociedad. A diferencia de otros proyectos, en este caso hubo varias organizaciones e instituciones articuladas en un proyecto compartido y en una red común, que han trabajado juntas desde mucho tiempo antes y que se negaron, con dignidad, a jugar al lobby; es decir, a hacer avanzar sus intereses propios a costa del objetivo superior o a dialogar por separado o a espaldas de la escena pública. Lo que esa red articulada ha presentado son ideas y argumentos madurados tras varios años de estudios cuidadosos y debates públicos, y no una posición de fuerza o de negociación típica de los grupos de presión. Pero debo añadir que lo que halló en el Senado fue un ambiente de sinceridad que sorprendió a todos.
La iniciativa todavía debe pasar por la Cámara de Diputados, por los congresos locales y por la opinión definitiva del gobierno federal. Está lejos de haber llegado hasta el final. Pero lo que ha sucedido en el Senado en estos días no debería olvidarse. Si la clase política se toma en serio, los diputados federales y locales no deberían arruinarnos esta insólita pieza navideña.
Publicado en El Universal