Por Lourdes Morales
Esta semana se realizó el Seminario Internacional “Desafíos de la rendición de cuentas en América Latina” en el cual invitados de 7 países de la región, incluido México, presentaron sus avances y retos en esta materia. Lo primero que destacó fue la diversidad de experiencias y resultados que se han obtenido en la región. Por ejemplo, representantes de Brasil, Argentina y México compartieron sus avances en materia de fiscalización y acceso a la información.
Académicos y miembros de organizaciones sociales de Chile y Colombia delinearon los desafíos en materia de transparencia y ejercicio del derecho de acceso a la información. El caso peruano permitió alertar sobre los peligros del exceso de tutela del Estado sobre acciones y mecanismos de participación ciudadana.
En esta visión regional destacaron ciertas coincidencias en países federalistas y aquéllos con un diseño centralista, además de que quedó clara la relevancia del contexto de cada país en el diseño de instituciones, leyes y resultados. En todos los casos se coincidió en que una arquitectura homogénea de las instituciones, un mejor y más eficiente manejo de archivos así como una política de mayor articulación entre instituciones, normas y actores continúan siendo los grandes retos de la rendición de cuentas en la región.
En el caso mexicano, se volvió a enfatizar sobre la pertinencia de la creación de un órgano jurisdiccional para atender y sancionar casos de corrupción. A este órgano podrían acudir los órganos internos de control, las instancias relacionadas con la rendición de cuentas en el país, los poderes públicos y la ciudadanía. Al hablar de soluciones “de moda” como la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, la desaparición de la ASF o someterla al control del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se dijo que éstas ponían en riesgo la existencia de mecanismos de control interno y externo que ahora prevalecen y que, más que desaparecer, hay que perfeccionar y articular con otras instancias para que funcionen. Como ejemplo, se recordó que la incoherencia y la fragmentación en la arquitectura institucional en México ha generado situaciones como la falta de impacto de las acciones promovidas por la ASF ya que de 2005 a 2009, el órgano de fiscalización hubo 5,139 acciones de las cuales solo 197 fueron motivo de una sanción ante el OIC.
Esta reflexión sucede justo cuando en el Congreso continúan presentándose iniciativas de ley tendientes a favorecer la rendición de cuentas aunque aún no se ha logrado una visión integral de las propuestas. De igual forma, esta semana se dio a conocer, a través de una encuesta, que 73% de los ciudadanos considera que la corrupción aumentó en el último año. De acuerdo con el índice de corrupción en el Gobierno que se deriva de esta encuesta, los ciudadanos otorgan un promedio de 8.3, donde 0 es que no hay nada de corrupción y 10 que hay mucha corrupción. En 2001 ese promedio era de 7.9 y en 2007 de 8.2.
