A pesar de la falta de unanimidad que despierta el término rendición de cuentas social (social accountability) y de la multiplicidad de significaciones asociadas a este concepto (participación ciudadana, voz, demanda social y hasta gobernanza), el análisis de la incidencia ciudadana en política pública o en cambios institucionales, a la luz de experiencias recientes, permite distinguir factores relevantes para una estrategia más efectiva. O al menos es lo que pretende el estudio “El mapeo del contexto para la rendición de cuentas social: un documento de consulta” (Mapping Context For Social Accountability: A Resource Paper) realizado por Simon O’Meally para el Departamento de Desarrollo Social del Banco Mundial.
(http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1193949504055/Context_and_SAcc_RESOURCE_PAPER.pdf)
Más allá de algunos aspectos debatibles, el estudio parte del principio según el cual no existe una relación linear entre el contexto y las oportunidades para la incidencia ciudadana. También enfatiza en que no hay “recetas para el éxito”. Sin embargo, considera que un conjunto de elementos como: el proceso político de una sociedad determinada, la legitimidad y relevancia de los actores involucrados en la exigencia social, el involucramiento de actores sistémicos fundamentales, la capacidad de negociación y la visión de largo plazo favorecen las posibilidades de éxito.
Sin duda, el contexto importa, sobre todo cuando nace una exigencia social de cambio, sin embargo, la forma y la efectividad que puede adquirir resulta impredecible. Si tomamos las categorías de análisis propuestas por O’Meally para lograr una rendición de cuentas social efectiva, podemos entender por qué varias de las actuales exigencias sociales —como lo es la reforma en transparencia que se discutirá en el siguiente periodo de sesiones— han quedado relegadas de las prioridades políticas y han sido capturadas por un conjunto de intereses alejados de la rendición de cuentas.
No es la falta de capacidad técnica, la ausencia de aliados o la carencia de legitimidad la causa principal de que la sociedad civil enfrente un muro, sino más bien la nula capacidad de la sociedad política para atender las exigencias ciudadanas por el bajo costo que creen que les representa. Esto en un contexto de exclusión, desigualdad y baja representatividad.
Diversas voces expresadas en el seno de la COMAIP, México Infórmate y el Colectivo por la Transparencia han vuelto a manifestar su preocupación por el tipo de reforma que se está “cocinando” en la Cámara de Diputados. Y a sólo unas semanas del Primer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, ni una sola de las tres grandes acciones que se emprenderían para combatir la corrupción han logrado concretarse. El contexto no puede ser más propicio para la exigencia y aun así nada garantiza que la intervención de la sociedad organizada logre la efectividad requerida. Lo cierto es que habrá efectos y habrá costos y alguien habrá de asumirlos.
