CIDAC presenta el documento “Reporte de hallazgos sobre los avances de la implementación de la reforma penal en México” con la intención de socializar información relevante en relación con el proceso de implementación y operación de la reforma constitucional en materia penal de 2008. A pesar de la poca información disponible, lo cual impide conocer con precisión las acciones institucionales, fue posible identificar una serie de hechos significativos que merecen ser señalados.
Un primer hallazgo general consiste en la ausencia de mecanismos de seguimiento tanto del proceso de implementación como a la operación del nuevo sistema de justicia penal. En relación con el proceso de implementación, esta ausencia ha impedido la integración de información completa, comparable y actualizada para facilitar la toma de decisiones y garantizar un uso óptimo de los recursos disponibles. Los procesos de planeación -cuando existen-, han sido poco utilizados, lo cual ha provocado procesos de implementación a ritmos distintos y con diferentes calidades. En este mismo sentido, el diseño de los artículos transitorios, que determinan el comienzo de la operación del nuevo sistema, se ha dado sin conocimiento de la situación y de las necesidades particulares de las instituciones.
En el ámbito de la operación, aún en el caso de los códi gos procesales penales que han adoptado los principios del sistema penal acusatorio, no necesariamente se han pro vocado los cambios en los procesos de trabajo al interior de las instituciones que aseguren una operación distinta al sistema mixto. La diversidad legislativa ha generado ausencia de homogeneidad respecto del tipo de mecanismo idóneo para la justicia alternativa y tampoco en relación con su sede, lo que se ha traducido en duplicidad en el gasto y en las funciones. Asimismo, está pendiente profundizar el desarrollo de la atención a víctimas, la cual, en la mayoría de los casos, se ha limitado a funciones de canalización y orientación. Por último, preocupa la ausencia de los principios del sistema acusatorio en el ámbito de ejecución de sanciones y la poca relevancia que se ha
dado en las leyes de la materia al uso de penas alternativas a la cárcel.
En relación con el grado de participación ciudadana en el tema de la reforma penal, a pesar de que su impacto tiene un alcance nacional existen pocas organizaciones sociales especializadas y éstas, en su mayoría, se encuentran ubicadas, en su mayoría, en la capital del país. Asimismo,
aunque existen casos de éxito a partir de esfuerzos aisla dos, queda pendiente el desarrollo de trabajos colaborativos más ambiciosos que faciliten el impulso de una agenda común frente a la autoridad responsable del proceso.
Reconociendo que hasta ahora la reforma penal no ha sido una prioridad en la agenda pública y que cada vez nos encontramos más cerca del fin del plazo constitucional establecido para su implementación, el esfuerzo realizado por CIDAC pretende abonar en la comprensión del proceso y contribuir en última instancia a su socialización y mejora.