Una vez que se promulgó la Ley General de Transparencia, la segunda etapa apunta a la adecuación que requieren los órganos garantes estatales, donde los indicadores arrojan una disparidad sustancial en las legislaciones que deberá corregirse: estructuras operativas desiguales y diferencias presupuestales abismales. A partir del nuevo marco legal, deberá transcurrir un año para adaptarlas, aunque, en el ámbito presupuestal, 2016 será complejo.

Se trata de unificar disposiciones. Establecer un piso igual para todos los estados. Hay algunos que han desarrollado una legislación puntual que incluye varios puntos de la ley general, pero hay que eliminar disparidades en las entidades para dar la misma garantía a un mismo derecho fundamental, advierte la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente.

Un estudio de Fundar, denominado Los estados, el mayor reto para la transparencia, destaca: La Ley General de Transparencia robustece la garantía del acceso a la información y da el banderazo de salida para las reformas a nivel estatal. El 50 por ciento de las leyes estatales están reprobadas y tienen grandes rezagos en transparencia según los resultados 2015 del Índice de Acceso a la Información en México (Idaim), pese a que fueron reformadas en los años recientes…

Nota completa: La Jornada