Lo que era una simple intuición se convirtió en una realidad documentada: aunque México preside la Alianza para el Gobierno Abierto, el país está muy lejos de encabezar las mejores prácticas en materia de datos abiertos. Pareciera que el término Gobierno Abierto equivale a subir datos a los portales públicos sin importar la relevancia o utilidad que puedan tener en la vida de los ciudadanos. O al menos así lo registra el último Índice de Gobierno Abierto realizado por el Proyecto Mundial de Justicia (WJP por su sigla en inglés). El Índice se basa en una encuesta a 100 mil personas por país y realiza su clasificación con base a cuatro dimensiones específicas: i) publicidad de leyes y datos gubernamentales, ii) capacidad de respuesta del gobierno ante solicitudes de información (tiempo, pertinencia, costo y conocimiento del DAI por parte de la ciudadanía), iii) participación ciudadana y iv) capacidad de queja sobre servicios o comportamientos de los funcionarios.

En la edición de 2014, México obtuvo una calificación reprobatoria, es decir obtuvo .56 sobre 1.00 y ocupó el lugar 42 de 102 países del mundo. A juzgar por los resultados, México sería un país en el que no se publica información gubernamental suficiente o útil (53%) y la que se publica no es confiable (42%); se utiliza poco el derecho de acceso a la información (15%) pero cuando se utiliza hay una alta satisfacción con la respuesta (77%); se sabe que existen mecanismos de participación (53%) pero lo que más se ejerce es la vía de la movilización/petición (70%) y la que menos es la de los canales de comunicación con los gobiernos locales (sin datos). También sería un país en el que existen pocos mecanismos para quejarse sobre la calidad de los servicios públicos (36%) y escasas formas de exigir responsabilidades a los funcionarios por su desempeño (35%).

Los resultados de México son acordes con algunos indicadores de tendencia mundial ya que dentro de los hallazgos del reporte sobresale que más de la mitad de los encuestados desconocen del derecho de acceso a la información y el derecho es elitista puesto que los encuestados con menores niveles socio-económicos están menos conscientes de la existencia y utilidad del derecho de acceso a la información que los de mayores ingresos. Por el contrario a diferencia de otros países, en México el derecho de acceso a la información no es un derecho “accidentalmente discriminatorio” ya que mientras en la mayoría de los países las mujeres solicitan menos información gubernamental que los hombres en el país no hay diferencias sustantivas entre el porcentaje de hombres y mujeres que ejercen el DAI.

Aunque la metodología utilizada puede ser cuestionable por el nivel de representatividad dada la heterogeneidad del país, el informe sostiene que los datos verdaderamente abiertos exigen una serie de requisitos técnicos y jurídicos como: formatos en los que se presenta la información, capacidad de reutilización, actualización de la información y confiablidad, el estándar aún no se logra. Aún así, buenas prácticas en la materia como las que tiene el Reino Unido (número uno del Índice 2014) o Colombia y Uruguay (primeros lugares de Latinoamérica) tal vez inspiren al gobierno mexicano para invertir los recursos financieros y humanos necesarios y así ejercer frente a los demás países el liderazgo que pretende tener.