Después de más de tres años de la promulgación de reformas constitucionales y legales (2008 y 2009), la llamada “segunda generación” de leyes de fiscalización superior en México en las entidades federativas presenta fuertes asimetrías y deficiencias que limitan la rendición de cuentas hacendaria. Esto lo demuestra un estudio realizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara en coordinación con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ambos socios de la Red por la Rendición de Cuentas.

El estudio evalúa las leyes y prácticas de las Auditorías Superiores en las entidades federativas encontrando que varios factores limitan la función e impacto de las entidades de fiscalización favoreciendo, en cambio, los espacios para la impunidad.

Por ejemplo, en 24 estados se otorgan facultades a los Congresos locales (como el nombramiento y remoción libre de los miembros de los órganos de fiscalización, la ausencia de un servicio fiscalizador de carrera o la facultad de determinar si hubo o no daño a la hacienda pública) que limitan en la práctica la autonomía de las entidades de fiscalización.

En la mitad de las leyes, los Congresos están desvinculados de la revisión de las cuentas públicas ya que se omite que el poder Legislativo deba dar seguimiento alas observaciones emitidas y a las observaciones iniciados por la Auditoría y no hay mecanismos para verificar que se sancione o se generen consecuencias por las deficiencias del manejo del dinero público al momento de aprobar los presupuestos subsiguientes.

De igual forma, en 8 entidades federativas no se establece para qué se debe de utilizar el informe de resultados de auditoría.

La falta de transparencia de los propios entes de fiscalización es otro de los problemas encontrados en el estudio. No en todos los portales se publica información relacionada con el programa anual de auditorías, tampoco el informe de resultados y mucho menos las recomendaciones y sanciones realizadas cuando eventualmente se efectúan.

En solo 16 estados se obliga a publicar el programa anual de auditorías lo cual permite que estos ejercicios se hagan de manera discrecional, 19 estados no publican su informe de resultados o lo hacen de manera incompleta y solo 7 entidades publican los procedimientos administrativos y/o penales y las sanciones impuestas a funcionarios públicos.

Finalmente, existe una falta de coordinación entre las auditorías locales, el Poder Judicial, los Ministerios Públicos y la Contraloría lo cual explica, en parte, la falta de consecuencias ante las irregularidades detectadas.

El estudio señala la agenda legislativa pendiente constantemente reiterada por la Red por la Rendición de Cuentas y menciona buenas y malas prácticas que debieran ser consideradas en el futuro.

Para conocer el estudio da click aquí.