La tragedia de la Guardería ABC y el desafuero de Andrés Manuel López Obrador son dos casos en los que la responsabilidad por omisión fue el nudo que se presentó cuando llegó la hora de decidir sanciones a los servidores públicos. No se trataba ya de lo que aquellos hicieron, sino de lo que no hicieron o dejaron de hacer. A tal problema legal se suma la dificultad de actuar cuando se está ante cuestiones que suscitan ánimos encontrados, problemas con una carga emotiva tan fuerte. Sin embargo, es precisamente ahí donde se prueba la certeza, la confiabilidad y la fortaleza institucional. Si hay certeza sobre los límites de licitud o ilicitud de las conductas, menor será la incertidumbre y la forma en la que las autoridades encargadas de investigar los hechos, presentar las acusaciones, sancionar o juzgar, tendrán en el momento de fincar las responsabilidades. Si esto no es así, el edificio tiene cimientos movedizos.

En el diseño de la política pública, el mandato que se establezca a las organizaciones, así como a los funcionarios, mientras más preciso, mejor. Mientras no exista claridad en la responsabilidad y, en su caso, de la conducta omisiva, que pueda ser calificada de ilícita, no podrá responsabilizarse y en consecuencia, sancionarse al funcionario.

En el trabajo titulado “La Rendición de Cuentas y responsabilidad por actividad discrecional y por omisión”, editado por la Red por la Rendición de Cuentas y el CIDE, me propongo contribuir en la reflexión sobre el establecimiento de parámetros de derechos y obligaciones de los funcionarios y las instituciones en lo que corresponde a la responsabilidad pública. A partir de esto, laprospectiva es tener mejores bases para un régimen de responsabilidades y de un modelo de rendición de cuentas virtuoso.

La arquitectura de las responsabilidades debe ofrecer certidumbre a los servidores públicos; la tipificación de conductas debe permitir grados razonables de predictibilidad. Cuando esto no sucede, un servidor público actúa en un terreno resbaladizo y cada toma de decisiones es riesgosa. Para evitar una posible sanción busca apoyarse en opiniones de otras áreas (el jurídico, el órgano interno de control, etc.) y eso prolonga el tiempo de las decisiones y tiene un efecto en cadena: el presupuesto no se ejerce a tiempo, las obras no se ejecutan, los servicios se prestan con retraso, las instituciones funcionan mal, etc.

Cuando la conducta indebida no se precisa, estamos en el peor de los mundos posibles, quienes quieren hacer bien las cosas son temerosos; para quienes eligen el lado oscuro, el camino tiene muchos recovecos por los cuales escabullirse.

Finalmente, para que el ciclo de rendición de cuentas se cumpla, se requiere mejorar lo básico: la regulación de la conducta de los servidores públicos. Además, ante la posibilidad de que los órganos encargados del control de las responsabilidades tengan distintas interpretaciones (los órganos internos de control, las auditorias superiores, los tribunales administrativos o jurisdiccionales etc.) debe pensarse en el diseño de instancias o mecanismos para generar retroalimentación. Mejorar la certeza es una de las tareas para diseñar y construir un sistema inteligente de rendición de cuentas.

El cuaderno “La Rendición de Cuentas y responsabilidad por actividad discrecional y por omisión” será presentado este jueves 14 de noviembre en el salón Manuel Álvarez Bravo del Hotel Marriot Reforma a las 18 horas.

 

Fuente: El Universal